Ley alivia cargas financieras de las nueve gobernaciones

La aprobación en el Senado del proyecto de ley de adecuación del financiamiento de obligaciones públicas abrió paso a una posible reducción de las cargas económicas que actualmente afrontan las nueve gobernaciones del país. La norma deberá continuar su tratamiento en la Cámara de Diputados antes de completar el proceso legislativo.
La iniciativa busca que el nivel central del Estado reasuma el financiamiento de obligaciones que corresponden a sus competencias, pero que durante años fueron cubiertas con recursos departamentales provenientes, principalmente del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Entre esos gastos se encuentran el bono de vacunación, los prediarios de las personas privadas de libertad y otras transferencias.
El proyecto fue promovido durante varios meses por las gobernaciones, que consideran que estas obligaciones reducen su capacidad para invertir en salud, infraestructura, desarrollo productivo y otros programas departamentales.
Tras la aprobación en la Cámara Alta, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, pidió a Diputados dar continuidad al tratamiento de la norma y sostuvo que su aplicación representaría un alivio para las finanzas de los gobiernos departamentales.
El debate también se trasladó al Presupuesto General del Estado (PGE) reformulado de 2026. Velasco expresó su rechazo al proyecto presupuestario al considerar que mantiene un déficit fiscal elevado, no reduce suficientemente el gasto destinado a empresas públicas consideradas no esenciales y continúa recurriendo a recursos del Tesoro General de la Nación (TGN).
Frente a ese escenario, las gobernaciones plantean que el PGE 2027 incorpore cambios estructurales en la distribución de los ingresos tributarios. Una de las propuestas consiste en aplicar gradualmente un esquema de coparticipación 50/50, mediante el cual la mitad de determinados impuestos permanezca en el nivel central y la otra mitad sea distribuida entre gobernaciones, municipios y universidades públicas.
La propuesta busca fortalecer la autonomía financiera de las entidades territoriales sin crear nuevos tributos, mediante una redistribución de los impuestos existentes. Sus impulsores consideran que el cambio debe comenzar a discutirse durante la elaboración del PGE 2027 para evitar que las gobernaciones continúen asumiendo responsabilidades con presupuestos cada vez más limitados. (Santa Cruz, agencias)