La Jefatura Departamental de Trabajo declaró ilegal el paro de 72 horas cumplido por trabajadores del sector salud en Santa Cruz y habilitó al Gobierno municipal para aplicar descuentos salariales por las jornadas del 21, 22 y 23 de julio.
La determinación fue comunicada después de una reunión entre representantes de la Alcaldía, la dirigencia sindical y la autoridad laboral. Según la resolución, la convocatoria no respetó los procedimientos ni los plazos establecidos por la normativa laboral.
El jefe departamental de Trabajo explicó que la Federación Sindical de Trabajadores en Salud comunicó la medida aproximadamente diez horas antes de su inicio, cuando el preaviso debía presentarse con cinco días de anticipación. El incumplimiento fue el principal argumento para declarar ilegal la paralización.
Las notificaciones fueron entregadas tanto al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra como a la organización sindical. Con ese procedimiento, la Alcaldía quedó facultada para descontar los tres días no trabajados al personal que depende de esa institución.
La resolución no alcanza todavía a los trabajadores administrados por la Gobernación. La autoridad laboral informó que el Ejecutivo departamental presentó una solicitud para que también se evalúe la legalidad de la protesta en los establecimientos de tercer nivel y otras unidades bajo su dependencia.
El paro se desarrolló entre el martes 21 y el jueves 23 de julio y restringió la atención regular en establecimientos públicos, donde se mantuvieron principalmente los servicios de emergencia. La medida fue convocada para exigir el pago de salarios, el bono de vacunación y la reposición de contratos.
Durante el conflicto, la Alcaldía sostuvo que ya había cancelado los salarios pendientes y el bono de vacunación correspondientes al personal de los centros de primer y segundo nivel. La dirigencia sindical reconoció el pago municipal, pero mantuvo la protesta en respaldo a los trabajadores dependientes de otras instancias estatales.
La solicitud presentada por la Gobernación permanece pendiente de una resolución específica de la autoridad laboral, por lo que cualquier descuento al personal departamental dependerá de ese pronunciamiento. (Santa Cruz, agencias)