La investigación sobre la red internacional desarticulada en Caranavi identificó un sistema de cobros mediante códigos QR que, según la Fiscalía, era utilizado para financiar el acceso a grupos privados donde se compartía material ilícito. Las autoridades ahora rastrean a más de 1.000 usuarios en diferentes países.
El fiscal del caso, Helo Rocha, explicó que el código fue encontrado entre la evidencia digital recolectada durante la investigación y que, de acuerdo con los indicios, servía para recibir pagos de personas que buscaban suscribirse a esos espacios de difusión.
El Ministerio Público informó que ahora se revisará la participación de más de un millar de integrantes de esos grupos para establecer quiénes adquirían el contenido y si existen otros responsables dentro y fuera de Bolivia.
Mientras avanza ese trabajo, la investigación ya permitió identificar a 22 víctimas, de las cuales cuatro fueron plenamente reconocidas. Las edades oscilan entre los 5 y los 17 años y, según la Fiscalía, todas fueron puestas bajo protección de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
Las pesquisas señalan que el principal investigado producía y almacenaba el material de abuso sexual infantil antes de distribuirlo mediante plataformas de mensajería. Un segundo aprehendido habría participado en la grabación del contenido con las víctimas. Ambos fueron puestos a disposición de la justicia tras acogerse a su derecho de guardar silencio.
Los nuevos hallazgos son resultado de una investigación iniciada hace seis meses. El caso comenzó cuando un país de Oceanía emitió una alerta a Interpol sobre la circulación del material. Esa información permitió rastrear una dirección IP hasta territorio boliviano, tras lo cual el Ministerio Público abrió una investigación de oficio e identificó al principal sospechoso mediante tareas de geolocalización.
Con esos elementos se ejecutó el operativo «Alianza 22», que incluyó allanamientos en tres inmuebles de Caranavi; la vivienda del principal acusado, su lugar de trabajo y un café internet que frecuentaba. En esos lugares fueron secuestrados teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos que continúan siendo sometidos a pericias.
La Fiscalía atribuye la desarticulación de la organización al intercambio de información entre Interpol Bolivia y sus similares de Francia y Brasil, cooperación que permitió reconstruir el funcionamiento de una red con alcance internacional y abrir una nueva etapa de la investigación centrada en quienes financiaban el acceso al material mediante pagos electrónicos.
