Un juez dispuso 150 días de detención preventiva en la cárcel de Palmasola para el joven investigado por intentar sacar del país 189,5 kilos de oro desde el aeropuerto internacional Viru Viru, en Santa Cruz.
La medida fue dispuesta durante una audiencia cautelar mientras el Ministerio Público continúa con las investigaciones para establecer el origen del mineral, verificar la documentación utilizada para su exportación y determinar si existen otras personas vinculadas con la operación.
El acusado fue identificado como Adrián L. R., de 22 años, quien fue aprehendido cuando pretendía abordar un vuelo chárter con destino a Dubái, Emiratos Árabes Unidos. La intervención se produjo luego de una acción directa de la Policía, tras detectar irregularidades durante los controles realizados en la terminal aérea.
El cargamento estaba distribuido en cuatro maletas tipo caja de herramientas y, según las investigaciones, el oro habría sido trasladado desde La Paz hasta Santa Cruz antes de llegar al aeropuerto Viru Viru. Las pesquisas establecen que el traslado del mineral habría sido realizado mediante una empresa de transporte de valores hasta la terminal aérea cruceña.
El mineral retenido tiene un valor preliminar superior a los 20 millones de dólares y es considerado uno de los mayores decomisos registrados recientemente en una terminal aérea del país. El cargamento está compuesto por 77 lingotes de oro, los cuales permanecen bajo custodia del Ministerio Público mientras avanzan las investigaciones.
Las observaciones surgieron en la documentación presentada para respaldar la exportación del cargamento. Las verificaciones posteriores establecieron que uno de los formularios atribuidos al Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) no tenía registro de autorización para la salida del oro del país y presuntamente habría sido falsificado.
Posteriormente, Senarecom confirmó que el Formulario M-03 utilizado para respaldar la operación no fue emitido por los sistemas oficiales de la institución. La entidad señaló que la irregularidad fue detectada mediante la validación del código QR del documento y presentó una querella ante el Ministerio Público.
La Fiscalía había solicitado inicialmente 180 días de detención preventiva al considerar que existían elementos suficientes para mantener al investigado recluido mientras avanzaban las diligencias. Sin embargo, la autoridad judicial estableció finalmente un plazo de 150 días en el penal de Palmasola.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que Adrián L. R. es investigado por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, contrabando y compra o venta ilegal de recursos minerales. Además, la autoridad instruyó un informe cronológico sobre el operativo, las actas de requisa, los registros de secuestro y las razones por las que cinco personas fueron liberadas durante el proceso.
El Ministerio Público informó que la investigación continuará para reconstruir la ruta del cargamento, establecer su procedencia, identificar a los responsables de la documentación observada y determinar si participaron otras personas o empresas en la operación.
La Fiscalía también amplió las pesquisas para establecer si existió participación de posibles funcionarios públicos y determinar quiénes autorizaron las actuaciones realizadas durante el operativo.
Durante el periodo de detención preventiva, la Fiscalía y la Policía continuarán con la recolección de elementos para esclarecer las circunstancias del caso y definir las responsabilidades correspondientes. Entre las diligencias también se busca establecer el paradero de los dispositivos electrónicos incautados y revisar otros elementos obtenidos durante la intervención.