Señalando que existen mecanismos legales con posibilidad de determinar responsabilidades civiles y penales contra las personas u organizaciones políticas involucradas en el fraude electoral de 2019, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Carlos Alberto Goitia, planteó el inicio de las respectivas gestiones para recuperar más de 233 millones de bolivianos invertidos en un proceso que no generó ningún beneficio para el Estado boliviano.
En conferencia de prensa, Goitia anunció la presentación de notas a la Procuraduría General del Estado (PGE) y las comisiones de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional para que, en coordinación con el Órgano Electoral, se activen las gestiones necesarias para la recuperación de los recursos invertidos en las elecciones generales de 2019, proceso anulado por fraude electoral.
“Dichos recurso se han gastado sin ningún rédito para la democracia boliviana, por lo tanto, corresponde llevar a cabo la recuperación de ese dinero. Esos 34 millones de dólares, aproximadamente, nos servirán para poder financiar buena parte de lo que se requiere para la renovación del padrón electoral”, dijo.
Goitia explicó que corresponde iniciar procesos civiles o penales, según corresponda, contra todas las personas y organizaciones políticas responsables de la manipulación informática que interfirió en los comicios del 2019.
Recientes documentos desclasificados por la administración del presidente norteamericano Donald Trump, correspondientes a informes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), con información de inteligencia recopilada entre los años 2004 y 2020, hacen referencia a que los sistemas electrónicos de votación en Venezuela pudieron haber sido manipulados por los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, en su afán de perpetuarse en el poder.
“No es casual que, en Bolivia en el año 2019, se hubiese llevado a cabo un fraude que, como señaló la Organización de Estados Americanos, implicó una manipulación informática igual que en Venezuela”, sostuvo Goitia.