La confirmación de la muerte de ciudadanos bolivianos reclutados para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania podría agravar la situación jurídica del principal investigado en este caso. En una entrevista exclusiva con EL DIARIO, el abogado penalista Marcelo Ramos Guzmán señaló que, además del delito de trata y tráfico de personas, el presunto cabecilla de la red podría enfrentar una condena de hasta 30 años de prisión, sin derecho a indulto, si se demuestra que las víctimas fallecieron tras haber sido captadas para intervenir en el conflicto armado.
El jurista explicó que la investigación se originó a partir de al menos 16 denuncias presentadas por familiares de ciudadanos bolivianos que habrían sido reclutados con la promesa de obtener empleos bien remunerados en Rusia. Según indicó, algunas personas conocían que viajarían a ese país, mientras que otras fueron engañadas con ofertas de trabajo en áreas como plomería, carpintería, albañilería y reconstrucción de infraestructura afectada por la guerra.
A cambio, dijo, les prometían beneficios económicos que incluían pasajes cubiertos, un pago inicial de hasta 3.000 dólares y salarios mensuales que, en algunos casos, llegaban a ofrecer hasta 40.000 dólares. Sin embargo, sostuvo que muchos terminaron siendo enviados directamente al frente de combate.
Respecto al principal investigado, Amador Méndez Arancibia, el abogado señaló que existen elementos que lo vinculan con el traslado de las víctimas y afirmó que, de ser aprehendido, podría ser procesado inicialmente por trata y tráfico de personas en su modalidad agravada.
«Si a causa de este delito se produce la muerte de la víctima, entonces se debe imponer la sanción prevista por el delito de asesinato, artículo 252 del Código Penal boliviano, con una pena de 30 años de cárcel sin derecho a indulto», sostuvo.
Añadió que la legislación boliviana contempla expresamente el reclutamiento de personas para participar en conflictos armados como una modalidad del delito de trata de personas, por lo que, si se confirma el fallecimiento de ciudadanos bolivianos en territorio ruso, la sanción podría incrementarse hasta la pena máxima.
CONSENTIMIENTO
El penalista también respondió a los cuestionamientos sobre el hecho de que algunos de los ciudadanos bolivianos habrían viajado de manera voluntaria y con conocimiento del destino al que se dirigían. Sin embargo, sostuvo que esa circunstancia no excluye la posible responsabilidad penal de quienes organizaron y llevaron a cabo el proceso de reclutamiento.
Explicó que el artículo 281 Bis del Código Penal establece que constituye trata de personas captar ciudadanos para reclutarlos y hacerlos participar en conflictos armados, independientemente de que las víctimas hayan aceptado viajar.
«Más allá de que estas personas hayan tenido conocimiento o no de las condiciones del viaje, muchas familias denunciaron que, al llegar a ese país, les habrían hecho firmar contratos redactados íntegramente en ruso, sin entregarles siquiera una copia. Además, muchos desconocían que, al suscribir esos documentos, estaban aceptando incorporarse a las Fuerzas Armadas», afirmó.
Según indicó, varios de los afectados habrían sido enviados casi de inmediato a la primera línea del conflicto, pese a que inicialmente se les prometieron labores civiles y un periodo de capacitación.
ACCIONES DEL GOBIERNO
Ramos también cuestionó la respuesta de las autoridades bolivianas frente al caso y consideró insuficientes las medidas adoptadas hasta el momento.
Señaló que el comunicado emitido por la Embajada de Rusia deslinda cualquier responsabilidad y deja a las familias sin respaldo para conocer el paradero de sus seres queridos. «En otras palabras les están diciendo que no van a hacer absolutamente nada al respecto y se han lavado las manos», manifestó al referirse al pronunciamiento diplomático.
Asimismo, sostuvo que el Gobierno boliviano debería adoptar medidas urgentes para evitar que continúen los reclutamientos.
«Lo que tendría que hacer en este momento el Gobierno es, en definitiva, cerrar todo viaje a este país y analizar a fondo qué es lo que está sucediendo», señaló.
El penalista recordó que existen reportes de bolivianos que viajaron tanto para integrar fuerzas rusas como ucranianas atraídos por ofertas económicas, por lo que consideró indispensable esclarecer cómo operan estas redes de captación.
50 PASAPORTES
Otro de los aspectos abordados fue el hallazgo de medio centenar de pasaportes durante el allanamiento realizado en un inmueble vinculado a familiares del principal investigado.
Para el abogado, ese elemento constituye un indicio de que la organización presuntamente continuaba operando y tendría previstos nuevos viajes.
A criterio del jurista, si la investigación no hubiera salido a la luz, más ciudadanos bolivianos habrían podido ser trasladados bajo el mismo mecanismo de captación.
También lamentó la situación que enfrentan las familias, muchas de las cuales ahora intentan reunir recursos para viajar a Rusia en busca de información sobre sus parientes desaparecidos, heridos o fallecidos.
DEFENSA DE IMPLICADOS
Respecto a la versión presentada por la defensa de los tres familiares del principal investigado, quienes sostienen que únicamente realizaban trámites migratorios y por ello tenían los pasaportes en su poder, el abogado expresó sus dudas sobre esa explicación.
Indicó que la investigación policial habría identificado previamente el lugar donde operaban estas personas y recordó que los documentos encontrados eran originales. «Estamos hablando de documentos en original que no pueden estar en casas de simples ciudadanos», manifestó.
Añadió que, según la investigación, existen registros de cámaras de seguridad que mostrarían contactos entre los implicados y grupos de jóvenes en plazas, aeropuertos y oficinas de Migración, además de imágenes en las que aparece Amador Méndez Arancibia acompañando a quienes abordaban los vuelos.
En ese contexto, el penalista consideró que la estrategia de defensa resulta “muy débil”, al sostener que los investigados se limitaron a realizar trámites y no tuvieron participación en el proceso de reclutamiento.
Finalmente, Ramos exhortó a la población, especialmente a los jóvenes, a desconfiar de las ofertas laborales difundidas en redes sociales que prometen elevados ingresos a cambio de viajar a Rusia. «Que tengan mucho cuidado, no todo lo que brilla es oro», advirtió.
Explicó que muchas personas fueron atraídas por anuncios en los que se ofrecían salarios elevados e incluso supuestos cursos de idioma ruso antes de comenzar a trabajar. Sin embargo, aseguró que la realidad fue distinta.
«Llegan ahí, les ponen el uniforme y directamente a la primera línea en la guerra», afirmó.
El abogado concluyó señalando que, pese a las dificultades económicas que atraviesa el país, considera que ninguna oferta justifica el riesgo de perder la vida en un conflicto ajeno y pidió a quienes evalúan aceptar este tipo de propuestas pensar en las consecuencias para ellos y sus familias.