Un juez determinó 60 días de detención preventiva en el penal de Palmasola para tres personas investigadas por captar ciudadanos bolivianos que fueron enviados a Rusia con falsas ofertas laborales, en un caso que la Fiscalía indaga por trata de personas con fines de reclutamiento para conflictos armados.
La resolución fue emitida luego de una audiencia cautelar en la que el Ministerio Público presentó elementos que, de manera preliminar, vinculan a los acusados con una estructura dedicada a la captación y traslado de personas. La Fiscalía argumentó que existen riesgos procesales de fuga y obstaculización que justifican la medida.
Los tres investigados fueron aprehendidos durante allanamientos realizados en Santa Cruz y son señalados como presuntos colaboradores de Amador Méndez Arancibia, identificado como el principal sospechoso del caso y quien permanece prófugo. Según la investigación, dos de los detenidos serían familiares directos del acusado y el tercero su exyerno.
La pesquisa establece que la presunta organización habría operado mediante ofertas de trabajo en Rusia difundidas por redes sociales, WhatsApp y contactos personales. Las propuestas apuntaban principalmente a personas que buscaban mejorar su situación económica y ofrecían empleos relacionados con construcción, seguridad o logística, además de ingresos elevados.
El Ministerio Público identificó hasta el momento 16 posibles víctimas dentro de tres investigaciones abiertas en Santa Cruz. Una de las causas tiene una persona afectada registrada, otra seis y una tercera nueve, aunque las autoridades advirtieron que la cantidad podría aumentar debido a nuevos reportes de familiares.
La captación, según los datos iniciales de la investigación, no se habría limitado a publicaciones en internet. Los intermediarios presuntamente utilizaban vínculos de confianza para llegar a más personas, ya que algunos ciudadanos contactados podían recomendar a familiares, amigos o conocidos interesados en viajar bajo las mismas condiciones.
Entre los casos analizados se encuentra el de ciudadanos de la comunidad Rincón de Palometas, en Santa Cruz, donde nueve personas habrían iniciado el viaje hacia Rusia. Familiares denunciaron que perdieron comunicación con algunos de ellos después de que ingresaran a procesos de entrenamiento.
Durante los operativos realizados por la Policía y la Fiscalía se colectaron documentos, equipos electrónicos y pasaportes que serán sometidos a análisis dentro de la investigación. La fiscal superior Alejandra Rocha precisó que el secuestro oficialmente confirmado corresponde a siete pasaportes pertenecientes a ciudadanos bolivianos, luego de que inicialmente circularan versiones sobre una cantidad mayor.
La defensa de los tres imputados rechazó las acusaciones y sostuvo que sus clientes no tenían conocimiento de las actividades atribuidas a Amador M. Según su versión, la relación con el principal investigado era de carácter familiar y no de participación en los hechos denunciados.
Mientras los tres acusados permanecen recluidos, la Policía continúa con la búsqueda de Amador M. y con las investigaciones para establecer si existieron otros intermediarios involucrados en la captación y traslado de ciudadanos.
Por la posible conexión con otros países, las autoridades bolivianas activaron mecanismos de cooperación internacional con instituciones extranjeras y organismos especializados para recopilar información sobre las rutas utilizadas, contactos y posibles víctimas fuera del país.
La Fiscalía considera que el caso podría tener un alcance transnacional y mantiene abiertas las investigaciones para determinar la dimensión de la presunta red y establecer responsabilidades dentro del proceso judicial.