El dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), David Quispe Machaca, deberá responder por cinco tipos penales, entre ellos bloqueo y terrorismo, dentro de la investigación por su presunta participación en los bloqueos de caminos registrados entre mayo y junio de este año.
Tras su aprehensión, el dirigente permanece en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), mientras el Ministerio Público prepara la imputación formal y la solicitud de medidas cautelares que serán analizadas por el Juzgado Primero de Instrucción Penal Cautelar de La Paz.
La investigación atribuye a Quispe cinco delitos; instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra la seguridad de los servicios públicos. Según la Fiscalía, estos cargos guardan relación con las movilizaciones y bloqueos que se extendieron por más de 50 días y que provocaron problemas en el suministro de alimentos, medicamentos y otros productos en La Paz y distintas regiones del país.
Las autoridades sostienen que el dirigente, en su condición de secretario ejecutivo de la Csutcb, convocó a ampliados y cabildos sindicales, además de emitir declaraciones públicas relacionadas con las movilizaciones. Estos antecedentes fueron considerados por la comisión de fiscales para emitir una orden de aprehensión fundamentada, en aplicación del artículo 226 del Código de Procedimiento Penal.
Frente a las acusaciones, la defensa de Quispe anunció que el dirigente declarará ante las autoridades y no se acogerá al derecho al silencio. El abogado Rodrigo Gutiérrez afirmó que su cliente utilizará esa instancia para exponer su versión de los hechos y presentar argumentos con los que busca demostrar su inocencia dentro del proceso.
El jurista también rechazó la imputación por instigación pública a delinquir y aseguró que la actuación de Quispe nunca estuvo orientada a promover acciones armadas, desconocer al Gobierno constitucional o inducir a sus bases a cometer delitos, por lo que considera que ese cargo responde a una interpretación de la Fiscalía.
La aprehensión forma parte de un proceso más amplio impulsado por el Ministerio de Gobierno y el Ministerio Público para establecer responsabilidades por los bloqueos registrados entre mayo y junio. De acuerdo con los datos proporcionados días atrás por el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, actualmente se tramitan 114 procesos penales relacionados con ese conflicto, en los que 335 personas figuran como investigadas.
El representante del Ministerio Público precisó que 75 de esos casos fueron abiertos de oficio y que, hasta el momento, 26 personas cumplen detención preventiva, mientras continúan las diligencias para identificar a otros presuntos involucrados y definir responsabilidades penales.