Las tareas de fiscalización frente a la minería ilegal se ven severamente obstaculizadas por la violencia de grupos armados, el control territorial que ejercen organizaciones criminales, las grandes extensiones geográficas y la falta de claridad normativa que muchas veces confunde la actividad ilegal con la informal.
Las brigadas estatales, como los equipos técnicos de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) en Bolivia, enfrentan amenazas, agresiones físicas y ataques con armas de fuego por parte de grupos que impiden su ingreso a las zonas de explotación.
El director del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Óscar Campanini, advirtió que organismos internacionales y países vecinos evitarían compartir información sensible con las autoridades nacionales por temor a filtraciones.
Aísla a Bolivia
Minería ilegal dificulta tareas de fiscalización
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