Avanza socialización de proyecto para garantizar libre circulación

El diputado por la alianza Unidad, Luis Laredo Arellano, socializó el denominado proyecto de “Ley de Protección de Libre Circulación, Garantía de Corredores Humanitarios y Sanción a la Obstrucción Ilegítima del Libre Tránsito”, ante los integrantes del Consejo Técnico Departamental de Cochabamba, con el propósito de recoger aportes técnicos y fortalecer su contenido antes de que continúe su tratamiento legislativo.
Durante el encuentro, el análisis de la propuesta normativa se centró en aspectos relacionados con la infraestructura crítica, los corredores logísticos, las afectaciones a obras y servicios, además de la cuantificación de daños y los criterios de reparación.
“Cuando se bloquea una ruta estratégica, no sólo se detiene un vehículo; se detienen la producción, el abastecimiento, el empleo, la salud y el cumplimiento de contratos”, afirmó el legislador, al señalar que la interrupción del tránsito afecta a familias, trabajadores, productores, transportistas, pacientes y consumidores que dependen de la circulación de bienes y servicios.
Asimismo, explicó que el proyecto de ley reconoce la protesta pacífica como un derecho constitucional y la distingue de aquellas conductas que impiden la circulación de motorizados, restringen corredores humanitarios o paralizan servicios esenciales.
En ese sentido, enfatizó que la propuesta busca garantizar el paso de ambulancias, medicamentos, oxígeno, alimentos y combustibles por los puntos donde el tránsito se encuentre interrumpido por protestas sociales. Además, plantea proteger hospitales, centros logísticos, plantas de agua y energía, terminales y rutas estratégicas.
Según Laredo, la iniciativa legislativa establece responsabilidades para quienes organicen, financien, coordinen, faciliten o ejecuten actos de obstrucción ilegítima del libre tránsito.
También contempla sanciones graduales, la reparación del daño emergente y del lucro cesante, así como la remisión de antecedentes al Ministerio Público cuando existan indicios de la comisión de un delito. Estas medidas deberán aplicarse con apego a los principios de legalidad, proporcionalidad, debido proceso, derecho a la defensa, valoración de la prueba y resolución debidamente motivada.