La seguridad de La Paz depende del trabajo coordinado entre distintas instituciones, pero también de la aplicación efectiva de las normas ya vigentes. El abogado penalista, Marcelo Ramos, en entrevista con el Decano de la Prensa Nacional considera que los recientes conflictos sociales evidenciaron limitaciones en la respuesta institucional y sostiene que más que crear nuevas disposiciones, el desafío pasa por hacer cumplir la legislación para prevenir hechos de violencia.
Para Ramos, la seguridad ciudadana no depende únicamente de la Policía Boliviana, sino de un sistema en el que también intervienen los gobiernos municipales y el Ministerio de Gobierno. Explica que mientras la Policía tiene la responsabilidad de preservar el orden público y prevenir los delitos, las alcaldías deben garantizar infraestructura, equipamiento, cámaras de vigilancia y tareas de prevención, mientras que el nivel central define las políticas nacionales de seguridad.
Sin embargo, considera que ese trabajo conjunto no alcanza los resultados esperados debido a las limitaciones operativas que enfrentan las instituciones y al crecimiento de la población, especialmente en La Paz y El Alto.
«El problema es que existe una evidente desproporción entre la cantidad de policías y el crecimiento de la población, lo que dificulta un patrullaje preventivo realmente eficaz”, señaló.
APLICAR NORMAS
Aunque reconoce que siempre es posible perfeccionar los protocolos de actuación, el penalista sostiene que la legislación vigente ya contempla mecanismos para actuar frente a hechos de violencia durante movilizaciones sociales. Desde su perspectiva, el principal desafío radica en hacer cumplir esas disposiciones de manera oportuna y efectiva.
El entrevistado afirmó que una aplicación firme de la ley permitiría reducir los daños ocasionados al patrimonio público y privado, además de fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de administrar justicia.
«Los procedimientos ya están escritos. No necesitamos nuevas normas para este tipo de conductas; simplemente tenemos que utilizar las que ya existen. El Código Penal y el Código de Procedimiento Penal establecen claramente cómo actuar contra quienes destruyen la ciudad, dañan el ornato público y ponen en riesgo a los ciudadanos.»
LIMITACIONES
Ramos identifica diversos factores que reducen la capacidad de respuesta frente a situaciones de conflictividad. Entre ellos menciona la falta de efectivos policiales, problemas de equipamiento, patrullas fuera de servicio, cámaras de vigilancia que dejaron de funcionar y limitaciones presupuestarias que terminan afectando el patrullaje y la atención de emergencias.
A ello suma el crecimiento demográfico de La Paz y El Alto, que incrementó la demanda de seguridad sin que las capacidades institucionales evolucionaran al mismo ritmo.
«La escasez de recursos económicos, la falta de personal policial, los problemas de organización y el crecimiento de La Paz y El Alto hacen que la seguridad sea insuficiente. Esa situación deja prácticamente en estado de indefensión a la Policía frente a quienes aprovechan estas deficiencias para generar violencia durante los conflictos.»
COMPROMISO CIUDADANO
El jurista destacó el esfuerzo cotidiano de los paceños y afirmó que el fortalecimiento de la ciudad no depende únicamente de las instituciones, sino también del compromiso de quienes contribuyen desde sus distintos oficios y profesiones.
Según manifestó, el aniversario del departamento representa una oportunidad para renovar ese compromiso colectivo y trabajar por una ciudad más segura y con mayores oportunidades para las futuras generaciones.
«Cada uno de nosotros, desde donde se encuentre, puede aportar al crecimiento de La Paz. No importa si es lustrabotas, albañil, ingeniero, abogado o médico; todos tenemos la responsabilidad de levantar nuestra ciudad y hacerla grande para que nuestro país también salga adelante”, finalizó.