Un informe publicado reveló que 20.600 niños ucranianos fueron llevados a la fuerza a la Federación Rusa desde febrero de 2022, cuando el gobierno del presidente Vladimir Putin ordenó la invasión de Ucrania. El documento, presentado por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), acusa al Estado ruso de mantener una política de erradicación de la identidad nacional de los menores e incluso de obligarlos a luchar contra sus compatriotas en el campo de batalla.
Según una investigación realizada por una comisión independiente de la OSCE, 20.610 menores ucranianos fueron llevados a Rusia sin el consentimiento de sus tutores o contra su voluntad. Allí, sujetos a las leyes locales y a la obligatoriedad de la ciudadanía rusa, fueron enviados a orfanatos o familias de acogida, sin derecho a reunirse con sus familias. Solo 2.368 regresaron a sus hogares en territorio controlado por Ucrania. En todo el país, 715 niños murieron y 2.652 resultaron heridos desde febrero de 2022, según cifras de la ONG Niños de la Guerra.
“El impacto es devastador porque la guerra se ha convertido en parte de la vida cotidiana de los niños”, declaró a Globo Maksym Maksymov, jefe de proyectos de Bring Kids Back, una iniciativa vinculada a la Presidencia ucraniana. “Esto afecta a la demografía, la salud mental y la educación de Ucrania, así como al futuro de toda una generación”.
Kira, de 11 años, escapó por poco de convertirse en una de esas niñas. En una entrevista con Bring the Kids Back, relata haber resultado herida en un ataque en Mariúpol, al sur del país, y cómo los soldados rusos le advirtieron que si nadie la recogía del hospital, la darían en adopción. Poco antes, había presenciado la muerte de su padre frente a ella.
“Me quedé tan impactada por todo lo que pasó que tardé varias semanas en recordar que tenía un teléfono. Finalmente lo encontré y llamé a mi abuelo”, cuenta, agregando que él fue a rescatarla de la unidad médica. “Los rusos me arrebataron mi infancia, mi ciudad y a mi padre”.
La batalla de Mariúpol, vivida por Kira, fue uno de los símbolos de las primeras etapas de la guerra, debido a la tenacidad de la resistencia ucraniana, especialmente durante el asedio de la planta metalúrgica de Azovstal, y a la forma en que se presentó como uno de los modelos para la ocupación rusa posterior a 2022. Se impusieron en masa prácticas ya probadas en Crimea, bajo control ruso desde 2014, incluyendo la política de pasaportes, según la cual solo las personas con documentos y ciudadanía rusas tendrían acceso a servicios básicos, desde educación hasta empleo.
La imposición de sistemas legales, políticos y económicos amplió el poder de Moscú sobre las poblaciones de las regiones ocupadas; hoy en día, se estima que el 20% del territorio ucraniano, según las fronteras de 1991, está bajo control ruso. Para los 1,6 millones de niños ucranianos que viven en estas zonas, esto también significó cambios drásticos en sus vidas.
“El currículo ruso ha sustituido por completo el contenido educativo ucraniano; la enseñanza en lengua ucraniana ha sido eliminada formalmente por el Decreto Nº 729 del Ministerio de Educación. Los libros de texto de historia promueven la supremacía civilizatoria rusa y borran la identidad nacional ucraniana”, afirma el informe.
Los padres se ven obligados a enviar a sus hijos a escuelas rusificadas, bajo amenaza de prisión. Los profesores que se niegan a seguir el plan de estudios son amenazados, y a los menores se les prohíbe hablar ucraniano en público o expresar opiniones favorables hacia Kiev.
“Rusia está intentando implementar esto en todos los territorios recién ocupados. Cuanto más dure la ocupación, más se romperán los vínculos de los niños con la Ucrania libre: con sus familias, su idioma, sus documentos, sus escuelas y sus comunidades”, indicó Maksymov. “Su movilidad se ve restringida, su dependencia de las instituciones rusas aumenta y su futuro se encamina cada vez más hacia una vida dentro del sistema ruso, que a menudo incluye el sector militar”.
En sus 26 años en el poder, Vladimir Putin jamás mostró aprecio alguno por Ucrania, sus habitantes ni su historia. Fue acusado de interferir en al menos dos procesos electorales, fomentó la insurrección en el este que sirvió de germen para la guerra actual y, en 2021, publicó un extenso artículo cuestionando la soberanía del país vecino.
Al año siguiente, ordenó a sus tanques cruzar la frontera y convirtió la rusificación en una prioridad. Para la misión de la OSCE, esto constituye una violación de los Convenios de La Haya de 1907, que establecen claramente que “está prohibido obligar a los habitantes de los territorios ocupados a jurar lealtad a la potencia hostil”.
En el caso de los niños, además de intentar cambiar las identidades nacionales, el objetivo es también reclutar a más personas. Las asignaturas escolares que constituyen una forma de entrenamiento militar se hicieron obligatorias en 2023, y a los 13 años, los alumnos ya reciben instrucción sobre el uso de armas y drones.
Se anima a los jóvenes a unirse a organizaciones con una marcada orientación militar, como las numerosas “escuelas de cadetes”. Un estudio de la Universidad de Yale del año pasado identificó al menos 210 instalaciones en Rusia y los territorios ocupados, algunas presentadas como “campamentos de verano” donde menores reciben entrenamiento militar y actividades de “reeducación”.
Se anima o presiona a los jóvenes a unirse al Ejército, incluso mediante promesas de beneficios, acceso a la universidad, estatus social y puestos técnicos considerados “seguros”, como el manejo de drones, afirma Maksymov. Las niñas son blanco de estas presiones. No solo por la ideología militarista, sino también por la propaganda que promueve la maternidad temprana y la dependencia del Estado. (O Globo)
Según detalla la investigación de la OSCE, a los 16 años, los jóvenes de las zonas ocupadas reciben advertencias de que podrían ser reclutados para la guerra al llegar a la edad adulta. De acuerdo con el Cuarto Convenio de Ginebra, la fuerza de ocupación «no puede obligar a las personas protegidas a servir en sus fuerzas armadas o auxiliares». Rusia afirma que actúa conforme a las normas internacionales.
«Aunque por lo general se enviaban notificaciones a todos los jóvenes varones antes de que cumplieran los 18 años, un patrón constante parece indicar que los jóvenes ucranianos son el objetivo específico de estas notificaciones ‹tempranas› y de la obligación de presentarse en la oficina de reclutamiento», afirma el informe.
En 2023, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra Putin y su Comisionada para los Derechos del Niño, Maria Alekseyevna Lvova-Belova, restringiendo los viajes del líder ruso (una medida también vinculada a la guerra), pero cuya ejecución ahora se considera improbable. El informe señala que Putin y Lvova-Belova participaron en la redacción de leyes que, entre otras cosas, permitieron la naturalización de menores ucranianos sin autorización parental y supervisaron decenas de adopciones.
¿Bastan las órdenes judiciales para que regresen los niños? No. La CPI no puede ir a Moscú y arrestar a Putin. Y aún no existe un mecanismo internacional capaz de obligar a Rusia a proporcionar listas completas de los niños, revelar su paradero, restablecer sus identidades y devolverlos, explica Maksymov, quien espera que Brasil se una a la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos, que actualmente cuenta con 50 miembros. Brasil es un actor regional y global importante, y su liderazgo marcaría la diferencia.
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CREDITO: The New York Times