Siete gobernaciones apoyan una redistribución del IT

Siete gobernaciones del país respaldan la propuesta de redistribuir el Impuesto a las Transacciones (IT) bajo un esquema de coparticipación del 50% para el Tesoro General de la Nación (TGN) y 50% para las entidades subnacionales, con miras a que la modificación sea incorporada en el Presupuesto General del Estado (PGE) reformulado.
La iniciativa busca que el IT se convierta en el primer tributo nacional, distribuido de forma equitativa entre el nivel central y los gobiernos departamentales, en un contexto marcado por dificultades financieras en las regiones y por los efectos de los conflictos sociales que afectaron al país, entre ellos los bloqueos registrados durante más de 50 días.
De acuerdo con la información difundida desde Santa Cruz, por el gobernador Juan Pablo Velasco, el departamento del Beni forma parte de las siete gobernaciones que apoyan la propuesta para su aplicación desde la gestión 2026. La medida, según sus impulsores, permitiría fortalecer la capacidad económica de las regiones y atender con mayor solvencia las demandas productivas y sociales.
La propuesta fue presentada ante el Senado Nacional, con el objetivo de que se incorpore una modificación al proyecto del PGE 2026. El planteamiento apunta a ampliar los recursos de los gobiernos subnacionales, en medio de crecientes obligaciones transferidas desde el nivel central y limitaciones presupuestarias que dificultan su cumplimiento.
Para la próxima semana está prevista una reunión de gobernadores en la ciudad de La Paz. En el encuentro, las autoridades departamentales que respaldan la iniciativa prevén exigir al Gobierno central que tome en cuenta la redistribución del IT dentro del presupuesto reformulado.
Además, los gobiernos departamentales plantearán la necesidad de revisar las responsabilidades asumidas por las gobernaciones, debido a que varias competencias asignadas no cuentan con el financiamiento suficiente para su ejecución.
El debate sobre la coparticipación del IT se suma a los reclamos regionales por una distribución más equilibrada de los recursos públicos y por mayores condiciones para atender las necesidades de los sectores productivos y de la población. (Santa Cruz, agencias)