La Procuraduría adelanta una investigación disciplinaria contra tres oficiales activos de la Policía y un coronel retirado de esa institución por presuntas irregularidades en un contrato clave para la vigilancia aérea del país.
Se trata de la compra de varios drones que la Policía Nacional había señalado como necesarios para vigilar zonas fronterizas, con el propósito de reducir el contrabando y otras formas de criminalidad.
El ente de control informó recientemente que abrió un proceso disciplinario contra miembros del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional y del Centro Integral Policial Permanente Anticontrabando, por presuntas anomalías en la adquisición de unos equipos que, hasta la fecha, el contratista no entregó.
Según información sobre el tema, el contrato tenía como fin adquirir sistemas aéreos remotamente tripulados (Siart) para la Policía Nacional, por un monto superior a los 3.700 millones de pesos.
Los investigados son el coronel retirado Didier Alberto Estrada Álvarez, la capitán Alejandra Sepúlveda Figueroa, el intendente Ismael de Aguas Boea y el mayor Edwin Arley Espejo Navarro, quienes se desempeñaron respectivamente como director general del Fondo Rotatorio del centro anticontrabando, verificador de información del mismo organismo y supervisor del contrato.
Aunque la entidad no reveló el nombre de la empresa contratista, la Unidad Investigativa de El Tiempo estableció que se trata de Helios Technology & Innovation SAS, firma dedicada a la ingeniería, la consultoría técnica y el comercio al por mayor de maquinaria y equipos, registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá desde marzo de 2012.
Su representante legal es Ricardo Díaz García, quien posee el 50 % de la sociedad junto con José Julián López Hoyos. Este año, la compañía reportó ingresos por 18.300 millones de pesos y activos por 13.600 millones de pesos.
LA EMPRESA
Las contrataciones de Helios Technology tienen una historia extensa con entidades de seguridad del Estado.
Se conoció que tuvo también contratos con la Central Administrativa y Contable del Ejército (Cenac), la Dirección Antinarcóticos, la Aerocivil, el Ministerio de Defensa, la Fuerza Aeroespacial, la Armada Nacional y la Gobernación del Valle del Cauca, para el suministro de drones, entrenamiento en simuladores de aeronaves no tripuladas, capacitación de pilotos en el exterior, adquisición de dispositivos de seguridad e incluso la instalación de cámaras de vigilancia en un edificio del Ministerio de Defensa.
El medio ya citado tuvo acceso al expediente del proceso contractual, según el cual la licitación fue adjudicada a Helios en julio de 2022, con el objetivo de combatir el contrabando en zonas rurales y fronterizas, y reforzar la protección sanitaria y fitosanitaria del país.
Los drones estaban destinados a la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y, de acuerdo con el cronograma inicial, debían entregarse a mediados de noviembre de 2022.
Pero el problema recae en que el expediente registra varias solicitudes de prórroga presentadas por el contratista.
En una de ellas se atribuyen los retrasos al conflicto entre Rusia y Ucrania y a un incendio en la planta donde se fabrica una de las piezas de los drones.
Es más, en su momento, también llamó la atención de las autoridades que, antes de la adjudicación, el contratista había ofrecido a dos funcionarios de la Policía Antinarcóticos un viaje a Sudáfrica a comienzos de 2023, con el fin de visitar una de las fábricas y verificar los argumentos presentados en las solicitudes de ampliación de plazos.
LA VERSIÓN
Por su parte, el abogado Leonardo Álvarez, apoderado de Helios Technology & Innovation SAS, le aseguró al medio ya citado que la compañía no fue vinculada oficialmente al proceso disciplinario. Según explicó, ninguna autoridad los citó a rendir declaración ni a presentar soportes sobre el contrato, y atribuyó la falta de entrega de los drones a diversos contratiempos y accidentes ocurridos durante la ejecución del contrato.
Y del otro lado, el coronel Didier Alberto Estrada Álvarez, uno de los investigados, señaló que no recibió notificación oficial y que los hechos bajo investigación corresponden a un aspecto operativo posterior a la firma del contrato, ajeno a sus funciones.(El Colombiano)