Ante la polémica por la presentación de proyectos normativos que plantean la regularización de vehículos indocumentados, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, señalo que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) es el ámbito en el cual debe discutirse una ley de nacionalización de autos “chutos”, es decir, de automotores que ingresaron a Bolivia de contrabando.
El vocero añadió que en caso de que el Órgano Legislativo sancione una ley autorizando tal nacionalización, recién el Gobierno evaluará “la pertinencia” de esa norma “y su forma de aplicación”.
Gálvez dijo que es de conocimiento del Gobierno que el diputado Reynaldo Seas, es proyectista de una ley de regularización de vehículos indocumentados, mismo que está en debate legislativo.
“En particular, de parte del Gobierno, somos conscientes de que es algo que hay un sector de la población que lo pide, y hay otro sector que lo cuestiona, y es algo que los padres de la Patria tendrán que discutir”, declaró el vocero, en conferencia de prensa.
El diputado proyectista justificó su idea señalando que la nacionalización podría beneficiar a los dueños de 1.050.000 vehículos “chutos” en todo el país. Seas, proyecta una recaudación por esa nacionalización que oscilaría de 5 a 6 mil millones de dólares, recursos que podrían invertirse en el mejoramiento de carreteras y el fortalecimiento de los sectores de salud y educación.
La semana pasada, el diputado Seas explicó que durante la elaboración de su propuesta normativa, sostuvo reuniones con asociaciones de productores rurales para identificar cuántos vehículos podrían ser regularizados y cuántos quedarían excluidos por tener reporte de robo.
En la sociedad boliviana existen opiniones divididas sobre el tema y está instalado un debate sobre los beneficios y perjuicios que significaría una nacionalización de los vehículos chutos.