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Ante el colapso energético…

Bolivia se encuentra en el umbral de una tormenta perfecta, empujada por una crisis energética que ya no es una advertencia teórica, sino una realidad palpable. La dramática caída de las reservas de gas natural, por décadas el motor económico de la nación, amenaza con apagar el aparato productivo nacional. El gas, que financió bonos sociales, subsidios y la artificial estabilidad estatal, se agota con un ritmo alarmante. Sin embargo, mientras el país asiste al declive de su principal riqueza, el escenario político ofrece un espectáculo desconcertante. La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), llamada a ser el espacio de las soluciones estructurales, se encuentra atrapada en un laberinto de debates insustanciales, disputas partidistas y agendas electorales particulares que ignoran las urgencias de la población.
El diagnóstico técnico es contundente. La falta de exploración eficiente y la declinación natural de los principales campos hidrocarburíferos han transformado a Bolivia: pasó de ser el corazón energético de la región, a un país que mira con angustia el fantasma del desabastecimiento. La pérdida de mercados internacionales estratégicos no solo reduce los ingresos de divisas, sino que golpea el presupuesto de gobernaciones, municipios y universidades públicas que dependen del IDH. A esto se suma el costo asfixiante de la importación de combustibles, un subsidio que desangra las reservas internacionales y presiona la estabilidad cambiaria. El riesgo real no es solo un apagón técnico; es una amenaza directa a la paz social, al empleo y a la certidumbre económica de cada hogar boliviano.
Frente a este abismo, la parálisis del Órgano Legislativo resulta inadmisible. La ALP se ha convertido en un escenario de pugnas internas de poder y proyectos de ley de nulo impacto nacional. Mientras el ciudadano común hace filas por combustible y los sectores productivos claman por seguridad jurídica, los legisladores dilatan el tiempo en interpelaciones estériles, shows mediáticos y bloqueos mutuos. La agenda legislativa está divorciada de la realidad. No son debatidas serias políticas de transición energética, ni incentivos reales para la inversión en exploración, ni normativas que promuevan alternativas sostenibles como las energías renovables de manera eficiente.
La crisis exige, entre otras medidas de fondo, una reforma profunda del sector hidrocarburífero, seguridad para las inversiones y una reestructuración fiscal que evite el colapso. La historia no perdonará a una clase política que, teniendo la responsabilidad de legislar para el futuro, prefirió perderse en la mezquindad del corto plazo. Es momento de que la ALP abandone la retórica vacía, asuma su rol histórico y empiece a legislar sobre lo fundamental. De lo contrario, el colapso energético será el amargo legado de un parlamento que prefirió el circo antes que la salvación del país.

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