Las organizaciones periodísticas de Bolivia se declararon alarmadas por la aprobación de un segundo proyecto de Ley de Acceso a la Información en la Cámara de Senadores, al considerar que vulnera el procedimiento congresal, mientras que el primer proyecto, de octubre de 2024, se encuentra en trámite en una comisión de la Cámara de Diputados.
“En general, es un comportamiento obstruccionista para interferir en el tratamiento de una norma, máxime si la misma ya fue de conocimiento del Senado anteriormente; por lo tanto, vulnera el procedimiento legislativo”, comentó el exparlamentario y abogado Germán Gutiérrez.
Las organizaciones periodísticas, entre ellas los diarios representados por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), manifestaron su alarma por la aprobación del Proyecto de Ley 066/2025-2026 C.S., debido a que, según señalan, excluyó toda consulta con la ciudadanía y con instituciones representativas del periodismo y de la sociedad civil.
El 19 de marzo pasado, la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados anunció el tratamiento del Proyecto de Ley de Acceso a la Información y Documentación Pública (160/2023-2024), aprobado por la Cámara de Senadores en sus fases en grande y en detalle el 23 de octubre de 2024.
El documento fue elaborado con la participación de organizaciones de prensa y de la sociedad civil que, desde hace 15 años, impulsan una norma orientada a fortalecer la transparencia en el uso de recursos públicos. El proyecto de octubre de 2024 fue impulsado por la comisión presidida por la entonces senadora Silvia Salame, en la legislatura 2020-2025.
NOCIVA PARA EL PERIODISMO
Sorprendidos por la existencia de un segundo proyecto, periodistas y medios de comunicación evaluaron su contenido y emitieron alertas.
La norma, según un comunicado difundido este sábado 4 de julio, es particularmente nociva para el trabajo periodístico debido a las limitaciones excesivas y, en algunos casos, infundadas que contempla, el favorecimiento de la discrecionalidad funcionaria, así como plazos inaceptables y procedimientos engorrosos.
La propuesta de ley establece que el ciudadano que solicite información al Estado debe garantizar que esta no genere “perjuicios a terceros” y le exige “asumir responsabilidad plena por la información obtenida”. Según el comunicado, esta disposición no solo vulnera el principio de que la información generada por el Estado pertenece a la ciudadanía, sino que además podría utilizarse para amedrentar e impedir la publicación de investigaciones sobre corrupción u otros delitos cometidos por servidores públicos, ya que estos podrían alegar ser “perjudicados” por las denuncias.
Las organizaciones consideran que resulta un retroceso, una duplicidad y una pérdida de tiempo tratar un nuevo proyecto de ley sobre acceso a la información, cuando —según afirman— ya fue aprobado por la misma Cámara de Senadores con participación del entonces senador Rodrigo Paz Pereira. Por ello, exigen el archivo del proyecto 066/2025, conocido esta semana.
Las organizaciones firmantes del comunicado son la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI), la Asociación Boliviana de Radiodifusión (Asbora), la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa (CSTPB), el Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz y la Asociación de Medios Digitales de La Paz. (ANP)