La posibilidad de una nueva alza en la tarifa del transporte público en Santa Cruz genera rechazo en sectores vecinales y cívicos, que cuestionan la pretensión de los transportistas de incrementar nuevamente el precio del pasaje sin haber cumplido los compromisos asumidos tras la última subida tarifaria.
El vicepresidente de la Federación de Juntas Vecinales de Santa Cruz, César Pinto, afirmó que no corresponde siquiera abrir el debate sobre un nuevo incremento debido a que a inicios de este año los transportistas ya elevaron el pasaje de Bs 2,30 a Bs 3, bajo el compromiso de mejorar el servicio, renovar unidades y ampliar la atención a los usuarios.
“Ni siquiera deberíamos pensar en tener este tipo de situación. No nos olvidemos que en meses pasados de Bs 2,30 incrementaron el pasaje a Bs 3, en ese entonces el dólar estaba en Bs 17 y Bs 18. Ahora estamos en Bs 9,70 y Bs 9,80, que es el nuevo precio oficial que ha dado el Estado”, sostuvo Pinto.
El dirigente vecinal cuestionó que el anterior incremento haya sido aplicado sin un verdadero consenso con la población y afirmó que la medida fue impuesta por el sector transporte, con el aval de la anterior gestión municipal.
En ese sentido, consideró injusto que, a pocos meses de haberse oficializado la nueva tarifa, los choferes vuelvan a plantear otra subida que afectaría directamente el bolsillo de la ciudadanía.
Pinto recordó que los transportistas asumieron compromisos concretos para justificar el aumento del pasaje, entre ellos mejorar el estado de los micros, garantizar horarios más amplios y brindar un servicio más eficiente a los vecinos. Sin embargo, aseguró que nada de eso se cumplió.
“Había un compromiso de parte de los transportistas de mejorar sus unidades, no lo han hecho; de mejorar el horario de atención al vecino, tampoco lo hay. Llueve y no pillamos micro, entonces no han cumplido en nada de lo que ellos dijeron que iban a hacer”, reclamó.
Para las juntas vecinales, el pedido de una nueva nivelación tarifaria resulta injustificado mientras persistan las mismas deficiencias que los usuarios denuncian a diario: micros en mal estado, maltrato a pasajeros, falta de frecuencia, incumplimiento de rutas, servicio irregular en horarios nocturnos y ausencia de unidades cuando hay lluvia o alta demanda.
Asimismo, observó que muchas unidades que operan en Santa Cruz de la Sierra estarían registradas o empadronadas en municipios aledaños, pese a que sus conductores exigen incrementos dentro de la capital cruceña. A su criterio, este aspecto debe ser revisado antes de cualquier análisis tarifario.
El rechazo vecinal surge luego de que el dirigente del Transporte Público cruceño, Mario Guerrero, anunciara la contratación de una consultora para realizar un nuevo estudio de costos del pasaje. El sector argumenta que la nueva política monetaria y el modelo de tipo de cambio flexible implementado por el Gobierno habrían modificado sus costos de operación.
Desde la Fejuve consideran que ese argumento no puede ser utilizado de manera automática para trasladar más cargas económicas a la población, especialmente cuando el servicio no ha mejorado y cuando el último incremento todavía es reciente.
Pinto dijo que el Ejecutivo municipal no debería sentarse a negociar una nueva tarifa sin antes exigir el cumplimiento del acta firmada por los transportistas en el anterior proceso de nivelación.
Además, señaló que cualquier diálogo debe partir de una revisión seria de los compromisos incumplidos y no únicamente de los pedidos del sector sindicalizado.
En la misma línea, el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, aseveró que los transportistas deben demostrar primero que cumplieron con las mejoras prometidas antes de solicitar una nueva elevación del pasaje.
“A los transportistas decirles: si ustedes quieren cobrar Bs 4,50, pues tienen que dar un servicio que realmente valga esos Bs 4,50. Hoy el servicio es deficiente, es un servicio violento, es un servicio que no está a lo que es el precio que los ciudadanos estamos pagando”, manifestó Zambrana.
El dirigente cívico señaló que corresponde revisar el acta de compromiso suscrita cuando se autorizó el último incremento, para verificar si el sector cumplió con las condiciones establecidas. Indicó que recién después de esa evaluación se podría abrir un análisis técnico y social sobre una eventual modificación tarifaria.
Zambrana remarcó que la ciudadanía no puede ser obligada a pagar más por un servicio que continúa siendo cuestionado. Afirmó que cualquier incremento debe estar condicionado a una mejora real, verificable y sostenida del transporte público, y no solo a estudios contratados por el propio sector interesado en subir la tarifa.
Actualmente, la tarifa para pasajeros mayores es de Bs 3, monto acordado en diciembre de 2025 y oficializado en enero de este año. En el caso de los estudiantes, el pasaje se mantiene en Bs 1.
La nueva intención de los transportistas de revisar los costos y plantear una posible tarifa de hasta Bs 4,50 abre nuevamente el debate sobre la calidad del transporte público en Santa Cruz, un servicio que, según vecinos y cívicos, todavía está lejos de responder a las necesidades de una ciudad en crecimiento y de una población que exige respeto, seguridad y condiciones dignas antes de pagar un nuevo incremento. (Santa Cruz, agencias)
