Asegurando que los recientes conflictos en el país fueron uno de los episodios de conflictividad social más profundos de los últimos años, el diputado supraestatal, Bastian Giesse Rougcher, afirmó que los más de 50 días de protestas, bloqueos, enfrentamientos, muertes y paralización económica en territorio nacional, dejaron un saldo humano, institucional y económico que excede cualquier disputa política coyuntural.
En criterio del parlamentario, los más de 50 días de protestas en Bolivia, no solo dejaron inmensas pérdidas económicas o responsabilidad en sus promotores, sino el enorme desafío de terminar con la impunidad respecto a este tipo de actos.
Según reportes recientes, la crisis dejó al menos 16 fallecidos, cientos de personas investigadas y un impacto directo sobre el abastecimiento, la producción y la estabilidad nacional.
“Más allá del debate político sobre quién tenía razón en el origen del conflicto, aparece una pregunta central: ¿quién debe hacerse cargo de las pérdidas y de las consecuencias de estos 53 días? Desde una perspectiva institucional y democrática, la responsabilidad no puede ser automática ni colectiva. Debe distinguirse entre responsabilidad política, responsabilidad civil y responsabilidad penal”, apuntó Giesse.
En ese sentido, el representante supranacional explicó que las responsabilidades políticas le corresponden a quienes, al momento del conflicto, ejercen una conducción pública que les obliga a asumir medidas para evitar que los efectos de la crisis golpeen a la ciudadanía, sobre todo a los sectores más vulnerables, actos por los que en algún momento se deben rendir cuentas.
“Todo gobierno tiene el deber constitucional de preservar el orden público, garantizar derechos y generar canales efectivos de diálogo antes de que una crisis escale. Cuando un conflicto se prolonga durante semanas y deriva en desabastecimiento, afectación económica y pérdida de vidas, existe una obligación política de rendición de cuentas ante la ciudadanía”, sostuvo.
En el caso de las responsabilidades civiles y patrimoniales, Giesse aseveró que los daños a la infraestructura pública o privada, las interrupciones ilegales de actividades económicas o los perjuicios demostrables por el bloqueo de vías y otras medidas, deben ser reparados por los promotores de la afectación, previa investigación en la que se establezcan e identifiquen responsabilidades.
“Corresponde activar los mecanismos legales correspondientes para identificar responsables y eventualmente exigir reparación económica conforme al debido proceso”, añadió.
Sobre las responsabilidades penales, el parlamentario explicó que estas deben ser individuales y nunca basadas en afiliaciones políticas o sectoriales.
“Si hubo hechos delictivos, violencia, destrucción de bienes, ataques a servicios esenciales o acciones fuera del marco legal, corresponde investigar, judicializar y sancionar respetando garantías constitucionales. La Fiscalía informó sobre investigaciones a cientos de personas vinculadas con los hechos ocurridos durante las movilizaciones”, dijo.
Para Giesse, en las investigaciones para establecer responsabilidades penales también debe evitarse todo extremo que convierta a este cato en una persecución política. “La lucha contra la impunidad exige pruebas, debido proceso y transparencia”.
En el plano económico, distintos sectores productivos alertaron que las pérdidas acumuladas ya alcanzaban cientos de millones de dólares incluso antes que el conflicto llegue a su final, afectando exportaciones, empleo, comercio y liquidez empresarial.
Por todo lo señalado, el asambleísta supraestatal afirmó que, tras los 53 días de conflicto, el debate ya no debe limitarse a ver qué sector ganó o perdió como efecto de las movilizaciones, porque definitivamente quien perdió fue el pueblo boliviano en su conjunto.
Asimismo, instó a que todas las investigaciones que se realicen en relación al reciente conflicto, se enfoquen en buscar una salida beneficiosa para todos, llegando a establecer la verdad de lo ocurrido, identificar a los responsables, además de proponer y ejecutar planes para reparar todo el daño provocado.
“El desafío real es que Bolivia construya una salida basada en tres pilares: verdad sobre lo ocurrido, responsabilidades individualizadas y reparación institucional y económica. Sin justicia hay impunidad; pero sin garantías legales tampoco hay Estado de Derecho”, finalizó.
La semana pasada, el presidente Rodrigo Paz pidió a la Justicia y al Ministerio Público actuar con firmeza contra los responsables de los daños ocasionados durante los más de 50 días de bloqueos registrados en el país y sostuvo que quienes provocaron perjuicios a la población deben ser encarcelados.
Durante un acto por el Bicentenario de la Policía, el mandatario diferenció el derecho constitucional a la protesta de las acciones que, según afirmó, causaron afectaciones económicas y sociales a la ciudadanía.
“Una cosa es la reivindicación social, una cosa es la protesta que está amparada en la Constitución, pero otra cosa es hacerle daño al pueblo”, expresó.
Paz sostuvo que las movilizaciones fueron “infiltradas con una lógica política, narcoterrorista” que perjudicó al país y destacó la actuación de la Policía Boliviana y otras instituciones estatales durante la crisis.
El jefe de Estado aseguró que existen responsabilidades por los perjuicios ocasionados y pidió a las autoridades judiciales avanzar en las investigaciones correspondientes.
“En estos 50 días (de bloqueo) tiene que haber responsables que ante la justicia a través de nuestro Ministerio Público, con la colaboración del Gobierno nacional y la familia boliviana, tengamos que ponerlos en el justo lugar donde deben estar, que es la cárcel por el incumplimiento y el daño que le hicieron a la sociedad”, manifestó.
