En medio del escándalo internacional por el lobby de corrupción del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero en un caso de arbitraje en Bolivia, el exdiputado por Chuquisaca, Marcelo Pedrazas, afirmó que este caso se suma a los arbitrajes perdidos, las indemnizaciones y los acuerdos para evitar otros juicios, confirmando que durante los gobiernos “masistas” nunca se defendieron los intereses del Estado.
“El caso Rodríguez Zapatero/Fancesa confirma lo que denuncié hace años, el MAS nunca defendió los intereses del Estado. No solo perdió arbitrajes internacionales por miles de millones de dólares. Tampoco sabemos cuánto pagó Bolivia en indemnizaciones y acuerdos para evitar otros juicios, cuánto costaron los bufetes internacionales, ni cuál fue la factura real de las mal llamadas nacionalizaciones”, expresó Pedrazas, a través de sus redes sociales.
En criterio del exparlamentario, si el costo conocido de los laudos arbitrales perdidos por el Estado boliviano ya es enorme, llegar a establecer cifras de todos los gastos erogados en procesos, acuerdos, pagos por representación y otros “montos ocultos”, fácilmente podría superar los 10.000 millones de dólares.
“La Procuraduría tiene una enorme responsabilidad con el país, investigar el mayor acto de corrupción en la historia de Bolivia, la falsa nacionalización”, agregó Pedrazas.
Según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, dependiente de la Policía Nacional de España, existen indicios de organización criminal en el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno cercano, por un lobby realizado en Bolivia para lograr revertir un pago de indemnización millonaria que debía cancelar el Grupo Gloria de Perú, como accionista mayoritaria de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), a favor de la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa) por un caso interpuesto sobre competencia desleal.
Dicho estudio sostiene que la secretaria personal del expresidente Gertrudis Alcazar fue quien tomó contacto con Carmen Almendras, vinculada a la consultora Kreab Bolivia, como intermediaria para vincular al consorcio Focus Social Research, que representa al Grupo Gloria.
Esa empresa estableció un contrato por 200 mil euros como pago para Zapatero por “servicios de asesoramiento” a partir de mayo de 2024.
Alcazar luego coordina con Almendras y solicita que le remita la documentación del caso Soboce.
Posteriormente, la secretaria de Rodríguez Zapatero toma contacto directo con la entonces ministra de la Presidencia, María Nela Prada y la jefa de gabinete de Luis Arce, Fabiola Salazar Calle, para establecer reuniones de alto nivel programadas para septiembre de ese año.
Almendras a su vez, confirma una reunión entre Zapatero y quien fuera ministro de Justicia, César Siles, mientras se entrega información actualizada y “alternativas de solución” del caso Soboce al jefe socialista español.
En medio de ese evidente lobby, documentado por la UDEF de España, el 4 febrero de 2025 la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emite un fallo que ratifica el pago de 107 millones de dólares que debía efectuar el Grupo Gloria a favor de Fancesa.
En marzo, Soboce presenta una Acción de Amparo Constitucional ante el TSJ en Sucre, para evitar o al menos dilatar ese desembolso. El amparo es admitido en abril.
El 4 de mayo de 2025, Rodríguez Zapatero sostiene una comunicación directa con Arce Catacora. Al día siguiente, la secretaria española pide a la jefa de gabinete boliviana un contacto directo con el procurador general del Estado, Ricardo Condori Tola, pero luego Alcazar comunica que ya se llamó al ministro Siles y fue éste quien coordinó con Condori.
El 30 de mayo, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz declaró procedente el amparo solicitado por Soboce y paralizó la indemnización a favor de Fancesa. Para el 16 y 20 de junio, Focus Social Reseach terminó de pagar los servicios a Zapatero.
Entre acuerdos y arbitrajes perdidos
Pedrazas: “El MAS nunca defendió intereses del Estado”
> Si el costo conocido de los laudos arbitrales perdidos por el Estado boliviano ya es enorme, llegar a establecer cifras de todos los gastos erogados en procesos, acuerdos, pagos por representación y otros “montos ocultos”, fácilmente podría superar los 10.000 millones de dólares.
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