Chats intervenidos al expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco de la investigación por tráfico de influencias en ese país, muestran gestiones para establecer contacto con el entonces presidente, Luis Arce, en relación al Grupo Gloria.
Las conversaciones forman parte de un expediente de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía española y corresponden al 4 de mayo de 2025. En ellas se registra el intercambio entre Zapatero y su secretaria, Gertrudis Alcázar, sobre la necesidad de coordinar un contacto con la Presidencia de Bolivia.
En los mensajes, el exmandatario español plantea la gestión para hablar con el presidente boliviano, mientras su colaboradora informa avances en la comunicación con el entorno cercano de la jefatura de Estado y la posibilidad de concretar una llamada.
De acuerdo con la investigación policial difundida por medios internacionales, Zapatero habría recibido alrededor de 200.000 euros por labores de intermediación realizadas a favor del conglomerado peruano Grupo Gloria, propietario de la empresa Soboce, involucrada en un proceso judicial con la estatal Fancesa por más de 100 millones de dólares.
El expediente también recoge referencias a reuniones sostenidas por el exmandatario en Bolivia durante 2024 con el entonces presidente Luis Arce, además de exautoridades como los exministros Marcelo Montenegro (Economía) y César Siles (Justicia), así como el exprocurador del Estado, Ricardo Condori.
La investigación señala que las gestiones atribuidas a Zapatero habrían coincidido con decisiones judiciales en Bolivia dentro del proceso entre Soboce y Fancesa, que tuvo como antecedente una sentencia favorable a la estatal boliviana posteriormente revertida por una resolución constitucional emitida en mayo de 2025.
El caso está vinculado en España a la investigación conocida como “Plus Ultra”, donde la Audiencia Nacional analiza posibles esquemas de intermediación para obtener beneficios económicos mediante contactos con autoridades públicas.
En Bolivia, la bancada de oposición Libre anunció la propuesta de conformar una comisión especial en la Cámara de Senadores para investigar el caso y solicitar información oficial a través de la Cancillería sobre las actuaciones registradas en España.
La senadora, Tomasa Yarhui, señaló que la iniciativa busca acceder a documentación del proceso para esclarecer los hechos relacionados con las gestiones atribuidas al exmandatario español.
El senador, José Sánchez, agregó que el caso incluye antecedentes judiciales con montos de resarcimiento ya establecidos y posteriormente modificados, por lo que considera necesaria una revisión integral del proceso.
En paralelo, el Consejo de la Magistratura anunció que realizará una revisión técnica de oficio respecto a los reportes vinculados al caso que involucra al exmandatario español y presuntas gestiones ante autoridades bolivianas, con el objetivo de verificar si existen elementos que ameriten una actuación institucional dentro de sus competencias.
El presidente de la institución, Carlos Spencer, señaló que se evaluarán los antecedentes disponibles para establecer si existen indicios de posibles irregularidades como prevaricato o actos de corrupción, y que, de confirmarse elementos suficientes, estos serán remitidos al Ministerio Público para su correspondiente análisis.
Spencer precisó que el Consejo de la Magistratura no intervendrá en decisiones de carácter jurisdiccional relacionadas con el caso, aunque sí activará sus mecanismos de control cuando se identifiquen posibles incumplimientos administrativos por parte de autoridades judiciales o en el marco del funcionamiento del sistema de justicia.
Las investigaciones continúan en España, mientras en Bolivia el caso suma reacciones en el ámbito político y judicial, con la propuesta de una comisión en el Senado por parte de Libre y la revisión técnica anunciada por el Consejo de la Magistratura. (EL DIARIO y agencias)