La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Jessica Echeverría, identificó deficiencias en los mecanismos de prevención, seguimiento y atención a víctimas de violencia como algunos de los factores que contribuyen al incremento de feminicidios en Bolivia.
Las declaraciones surgieron tras conocerse la muerte de Bianca, una mujer de 26 años que murió luego de ser agredida por su pareja en La Paz.
La autoridad se pronunció en una entrevista con Red Uno luego de que el país registrara 43 feminicidios en lo que va del año, una cifra que ha reabierto el debate sobre la efectividad de las políticas para combatir la violencia contra las mujeres.
Echeverría señaló que La Paz, departamento que acumula 17 casos, refleja problemas relacionados con la capacidad de respuesta de los gobiernos municipales. Según explicó, existen dificultades en el funcionamiento de los servicios encargados de brindar atención inicial y acompañamiento a las víctimas, situación que impide actuar oportunamente ante hechos de violencia reiterada.
La viceministra sostuvo que en varios municipios no se cuenta con equipos multidisciplinarios completos para atender estos casos y advirtió que esa carencia limita las tareas de prevención y seguimiento, especialmente cuando los denunciados tienen antecedentes de agresión.
En ese contexto, reveló que entre el 83% y el 85% de los agresores involucrados en hechos graves son reincidentes. A su juicio, esta situación evidencia debilidades en los mecanismos de control y monitoreo posteriores a las denuncias, lo que deja expuestas a las víctimas a nuevos episodios de violencia.
Echeverría también expresó preocupación por la forma en que algunos sectores abordan estos casos en redes sociales. Consideró que existen dinámicas digitales que terminan desacreditando a las mujeres que denuncian y que, en ciertos casos, generan entornos favorables para justificar o minimizar la violencia ejercida por los agresores.
La autoridad indicó que muchas víctimas optan por hacer públicas sus denuncias cuando perciben que no encuentran una respuesta efectiva dentro del sistema judicial. En ese sentido, advirtió que este escenario puede desalentar a otras mujeres a acudir a las instancias formales de protección.
Desde su experiencia profesional como abogada y exfiscal, cuestionó además los tiempos que demandan los procesos judiciales por feminicidio. Señaló que las causas pueden extenderse entre dos y tres años antes de alcanzar una sentencia definitiva, situación que prolonga el sufrimiento y desgaste de los familiares de las víctimas.
La viceministra remarcó que la respuesta estatal frente a los feminicidios no debe limitarse al procesamiento y sanción de los responsables. Por ello, pidió avanzar en la reglamentación de la norma destinada a garantizar asistencia a los hijos e hijas que quedan en situación de orfandad a causa de estos crímenes.
Según manifestó, el Estado tiene la obligación de brindar protección y acompañamiento a los menores afectados, considerando que han perdido a sus madres en circunstancias de extrema violencia y requieren atención más allá de la condena impuesta a los responsables.
CASO RECIENTE
La autoridad se pronunció tras la muerte de una joven de 26 años, quien fue agredida por su pareja y trasladada inconsciente a un centro médico en la ciudad de La Paz. El principal sospechoso ya fue enviado con detención preventiva al penal de Chonchocoro por seis meses.
De acuerdo con los antecedentes, la víctima ingresó en estado crítico a terapia intensiva, pero falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones.
Inicialmente, el caso fue investigado como feminicidio en grado de tentativa; sin embargo, tras confirmarse el deceso, el Ministerio Público reclasificó el hecho como feminicidio.
El hombre de 28 años fue sometido a audiencia de medidas cautelares, donde la autoridad jurisdiccional dispuso su detención preventiva mientras avanzan las investigaciones.
Según los primeros indicios, el acusado habría llegado al centro médico en presunto estado de ebriedad y se acogió a su derecho al silencio, indicando que no recuerda lo sucedido.
El Ministerio Público continúa la recolección de elementos de convicción para esclarecer el caso.
