Estado de excepción debe estar acompañado de plan económico

El estado de excepción vigente y ratificado en la madrugada de ayer por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), debe ir acompañado de un plan integral de estabilización económica para que Bolivia no solo recupere la transitabilidad en las carreteras, sino también la confianza de los consumidores, empresarios e inversionistas, señaló el analista económico Fernando Romero.
De acuerdo con su evaluación, el país enfrenta uno de los escenarios económicos y sociales más delicados de los últimos años, luego de 51 días de bloqueos y movilizaciones que habrían provocado pérdidas cercanas a los 3.000 millones de dólares, monto equivalente a aproximadamente el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) proyectado para 2025.
Romero explicó que el impacto de la conflictividad se produce en un contexto de alta vulnerabilidad macroeconómica. Entre los principales factores mencionó un déficit fiscal que alcanza el 12,2% del PIB, una deuda pública próxima al 90% del PIB, reservas internacionales con escasa liquidez en divisas y una economía que ya acumula dos años consecutivos de contracción.
A ese panorama se suma una perspectiva desfavorable para 2026, año en el que, según el análisis del economista, Bolivia podría continuar en una senda de decrecimiento si no se adoptan medidas estructurales para contener el deterioro económico.
En ese marco, el Decreto Supremo 5636, que declara el estado de excepción, tiene como objetivo restablecer el orden público, garantizar el abastecimiento de productos esenciales y reducir los daños provocados por la paralización de rutas. Para Romero, se trata de una medida extraordinaria frente a una situación de conmoción interna.
Sin embargo, el analista dijo que la efectividad de la norma no dependerá únicamente del despeje de caminos, sino también de la capacidad del Estado para generar estabilidad institucional y recuperar la credibilidad económica del país.
“El principal desafío para Bolivia no es únicamente recuperar las pérdidas económicas inmediatas, sino reconstruir la confianza”, afirmó Romero en su evaluación sobre los efectos de la crisis.
Según el especialista, los sectores agroindustrial, minero, comercial, transporte, turismo e industrial serán algunos de los más afectados y requerirán varios meses para retomar un funcionamiento normal.
Además, advirtió que la recuperación financiera y reputacional del país podría demandar un período más prolongado.
En ese sentido, Romero planteó que el estado de excepción debe complementarse con medidas económicas orientadas a respaldar a los sectores productivos, fortalecer las reservas internacionales, aplicar una disciplina fiscal gradual y reactivar la inversión pública bajo criterios de eficiencia.
También consideró necesario establecer mecanismos permanentes de diálogo social y político, con participación del Gobierno central, las gobernaciones, los municipios y los sectores productivos.
La estabilidad institucional, la seguridad jurídica y la coordinación entre los distintos niveles del Estado serán determinantes para reducir el impacto de la crisis y avanzar hacia una recuperación económica sostenible e inclusiva, agregó.