El Gobierno aplicará de forma gradual las disposiciones del estado de excepción vigente en el país y podrá incorporar medidas extraordinarias en municipios o regiones específicas donde la situación de seguridad lo requiera, informó el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano.
La autoridad aclaró que actualmente no existe toque de queda en ninguna parte del territorio nacional y señaló que cualquier restricción adicional será determinada mediante resoluciones conjuntas de los ministerios de Defensa y Gobierno, en función de la evolución de los conflictos y las evaluaciones de seguridad.
Según explicó, el decreto que declaró el estado de excepción tiene alcance nacional y una vigencia de 90 días. Entre las restricciones generales contempla la prohibición de promover actos violentos, realizar bloqueos de caminos, impedir el transporte de alimentos, medicamentos y combustibles, atacar infraestructura considerada estratégica o portar explosivos.
No obstante, el Ejecutivo prevé la posibilidad de aplicar medidas extraordinarias en zonas específicas identificadas como sensibles. Entre ellas figuran restricciones temporales a la circulación de personas, limitaciones a reuniones o prohibiciones particulares que serán definidas de acuerdo con las condiciones registradas en cada región.
Justiniano indicó que estas áreas serán evaluadas por el mando conjunto conformado por la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas (FFAA), instancia que determinará la necesidad de adoptar medidas adicionales. Agregó que las decisiones serán comunicadas una vez que entren en vigencia y no de manera anticipada.
El ministro sostuvo que la finalidad del estado de excepción es restablecer las condiciones de normalidad en el país y garantizar el abastecimiento de productos esenciales. Señaló que la distribución de alimentos, medicamentos, oxígeno y combustibles se vio afectada por más de 50 días de conflictos y bloqueos registrados en distintas regiones.
Asimismo, afirmó que el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de diálogo con los sectores movilizados y destacó el acuerdo alcanzado recientemente con la Central Obrera Boliviana (COB), al considerar que las demandas sociales pueden canalizarse mediante procesos de concertación.
La autoridad señaló que, si bien se busca privilegiar el diálogo, el Estado también debe asegurar que la población pueda desarrollar sus actividades cotidianas, acceder a bienes esenciales y mantener el funcionamiento de los sectores productivos.
Desde la ciudad de El Alto, donde coordinaba las operaciones conjuntas de seguridad, Justiniano informó que la aplicación de las medidas será progresiva y priorizará la recuperación de la transitabilidad en las carreteras, además de la protección de la población.