Los derechos humanos son, por definición, inalienables, intransferibles e indivisibles, constituyéndose en garantías fundamentales inherentes a toda persona por el solo hecho de su condición humana. Sin embargo, también es cierto que la comprensión de qué se entiende por un derecho humano ha experimentado importantes transformaciones a lo largo del tiempo. Desde la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 hasta las concepciones contemporáneas, el debate sobre su alcance, sus sujetos y sus límites se ha ampliado considerablemente, generando profundas controversias filosóficas, políticas e ideológicas.
En este contexto, la izquierda internacional ha desempeñado un papel decisivo en la redefinición de los conceptos vinculados a los derechos humanos. Según esta perspectiva, se ha producido una expansión selectiva de derechos y una reinterpretación de sus fundamentos, favoreciendo a ciertos grupos o causas por encima de otros. Esta situación ha dado lugar a la percepción de que, en la práctica, existen personas cuyas demandas reciben mayor atención y protección que las de otros ciudadanos, generando un debate acerca de la universalidad e imparcialidad que deberían caracterizar a los derechos humanos.
Por todo ello se ha venido desarrollando un proceso de mercantilización de la defensa de los derechos humanos. Numerosas organizaciones, no gubernamentales, se presentan a sí mismas como portavoces exclusivos de estas causas y promueven lo que consideran una nueva generación de derechos, estrechamente vinculada a determinadas corrientes ideológicas y políticas. De este modo, la defensa de los derechos humanos dejaría de ser una tarea neutral para convertirse, en un instrumento de influencia política y cultural a escala internacional.
La filósofa Hannah Arendt advertía que los regímenes totalitarios y las ideologías modernas suelen utilizar el lenguaje no solo para comunicar, sino también para transformar la percepción de la realidad. Es necesario retomar esta reflexión para observar con preocupación varios cambios culturales y jurídicos contemporáneos, en los cuales pareciera que un criminal puede llegar a recibir mayor atención que su víctima, o que determinadas narrativas adquieren mayor legitimidad que los hechos objetivos. Es, de esta forma, que queda evidenciado, que se ha llegado a criminalizar el sentido común y a justificar expresiones de violencia y agresión bajo el argumento de la reivindicación de derechos o de la protesta social.
Desde esta óptica, tales prácticas han encontrado respaldo en un amplio entramado de organizaciones y financistas que destinan recursos económicos a la promoción de determinadas agendas políticas. No son pocos los mecenas, fundaciones y organismos internacionales que invierten cuantiosos recursos en organizaciones dedicadas a la defensa de causas específicas, las cuales terminan legitimando acciones violentas o discursos que contribuyen a la polarización social. Esta situación lleva a cuestionar si, detrás del discurso humanitario, puede existir una estrategia destinada a erosionar democracias legítimamente constituidas a favor de proyectos políticos de carácter populista.
Según esta interpretación, se disfrazan de derechos ciertas prácticas abusivas y se relativiza la verdad en función de objetivos políticos concretos. Es, en este marco, que adquiere especial relevancia la reciente visita de una supuesta misión de derechos humanos proveniente de Argentina, cuya presencia generó suspicacias y cuestionamientos. Desde una mirada crítica, dicha delegación no arribó al país con la intención de velar por los derechos de la ciudadanía en general, sino más bien para respaldar o justificar las acciones de grupos organizados que, bajo la apariencia de movimientos sociales, han incurrido en conductas contrarias al orden democrático y al Estado de Derecho.
Por ello, la democracia no solo debe protegerse de las amenazas tradicionales, sino también de aquellas formas de intervención que, amparadas en discursos humanitarios, pueden influir negativamente en la estabilidad institucional y en la soberanía de los Estados. Resulta legítimo preguntarse si estas organizaciones prefieren sociedades fragmentadas y dependientes, susceptibles de ser incorporadas a determinados proyectos ideológicos, antes que países con instituciones sólidas, economías estables y un Estado de Derecho vigoroso.
En definitiva, la defensa de los derechos humanos constituye una tarea noble e indispensable para toda sociedad democrática. Sin embargo, precisamente por su importancia, debe estar exenta de intereses económicos, partidarios o ideológicos que desvirtúen su esencia. Cuando los derechos dejan de ser universales, para convertirse en instrumentos de poder, o cuando su promoción se transforma en un negocio rentable, se corre el riesgo de vaciar de contenido uno de los mayores logros éticos y jurídicos de la humanidad.
El autor es teólogo, escritor y educador.