Acuerdos no deben ser cheque en blanco para la delincuencia

Dirigentes, financiadores y ejecutores de los bloqueos deben responder penalmente y reparar con su patrimonio los daños y perjuicios causados a las víctimas de sus medidas.
Ante los acuerdos que el Gobierno central viene suscribiendo con distintos sectores para posibilitar el levantamiento de medidas de presión y la pacificación del país, el diputado por la alianza Unidad, Carlos Alarcón, advirtió que estos acercamientos no deben pasar a ser una capitulación o rendición incondicional ante una dirigencia que vulneró los derechos de la ciudadanía, ni carta blanca para la delincuencia organizada.
A través de sus redes sociales, Alarcón pidió que posibles acuerdos entre el Gobierno y los sectores movilizados, no den paso a una impunidad para aquellos que han vulnerado los derechos humanos de millones de inocentes y afectaron la economía del país junto a la imagen internacional de Bolivia.
“Los responsables de estos delitos no sólo tienen que responder penalmente sino también reparar con su patrimonio los daños y perjuicios causados a las víctimas (…). No debe ser una capitulación o rendición incondicional del gobierno ante los dirigentes, financiadores y principales ejecutores de los bloqueos”, expresó.
Según el legislador paceño, tampoco debe permitirse que un acuerdo se entienda como un traspaso del poder en favor de organizaciones sociales, para que estas definan políticas de Estado, leyes y decretos que el país necesita para superar la crisis económica y concretar una agenda de cambios estructurales que dejen atrás el modelo agotado y fracasado del MAS.
“El presidente y sus ministros no pueden convertirse en el poder formal, meros adornos decorativos, de las intenciones y deseos de estos grupos de dictadores sindicales y políticos, que quieren sumergir al país en el atraso y estancamiento. No debe ser un cheque en blanco para que la delincuencia organizada, especialmente la que financia bloqueos y genera el caos y la anarquía de la violencia, realice impunemente sus actividades en el país”, indicó Alarcón.
Asimismo, insistió en la necesidad de aprobar una “Ley Antibloqueos” y aplicar la recientemente promulgada Ley de Estados de Excepción, con la finalidad de no renunciar al uso legal y legítimo de la fuerza del Estado para mantener el orden, la seguridad, la tranquilidad y la paz pública, frente a hechos violentos registrados contra víctimas inocentes.
Ayer, en conferencia de prensa, el expresidente y líder de la alianza Libre, Jorge Quiroga Ramírez, criticó la estrategia del Gobierno en la gestión del conflicto por bloqueos, pidiendo un “escarmiento” sin impunidad para los autores de lo que denominó un “crimen económico” contra el país.
“No se puede salir con impunidad, tiene que haber escarmiento”, aseveró Quiroga, a tiempo de recalcar que los bloqueos no constituyen una forma de protesta, sino se configuran como un exterminio según el Estatuto de Roma.