El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, informó que fiscalizaciones realizadas en Cartonbol, la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA) y el Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) permitieron detectar cobros irregulares, aportes ilegales y anomalías en procesos de adquisición, hechos que derivaron en una aprehensión, destituciones de funcionarios e investigaciones internas.
El caso más reciente se registró el pasado 12 de junio en la planta de Cartonbol, en Oruro, cuando un hombre identificado como Wilson Coca Huayta ingresó a las instalaciones de la empresa afirmando representar a un diputado nacional. De acuerdo con el informe, el sujeto solicitó el pago de Bs 2.000 con el argumento de que el dinero sería destinado a “pacificar” a bloqueadores y comunarios de la zona.
De acuerdo con los antecedentes del caso, el hombre afirmó que contaba con el respaldo de altas autoridades y del gerente técnico de la empresa para realizar dicha gestión. Sin embargo, tras una verificación inmediata, se estableció que ni la gerencia técnica ni el legislador mencionado tenían conocimiento de sus acciones.
Ante esa situación, la empresa activó sus protocolos de seguridad. Con apoyo del efectivo policial asignado a la planta, el individuo fue retenido preventivamente y posteriormente entregado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), que procedió con su aprehensión.
Actualmente, el implicado se encuentra sometido a medidas sustitutivas dentro de un proceso abierto por el presunto delito de concusión.
APORTES DE SALARIOS EN OAP
Otro de los hechos detectados durante las fiscalizaciones ocurrió en el Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP).
La investigación estableció que siete funcionarios públicos realizaban pagos equivalentes al 30% de sus salarios a favor de un dirigente de una organización social de la Comunidad Chichas.
Según la información recopilada, estos desembolsos eran efectuados bajo el argumento de que dicha autoridad indígena había recomendado a los trabajadores para acceder a sus cargos dentro de la institución.
Tras conocerse la situación, las autoridades dispusieron la destitución inmediata de los siete funcionarios involucrados.
La medida fue asumida al considerarse que incurrieron en faltas catalogadas como gravísimas por el Reglamento Interno de Personal y por vulnerar disposiciones contempladas en la Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario Público.
COMPRAS OBSERVADAS EN EBA
Las fiscalizaciones también alcanzaron a la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA), donde se detectaron irregularidades en la adquisición de bobinas para leche destinadas a las plantas procesadoras de Achacachi, San Andrés y Challapata.
Según el informe, personal de la empresa habría omitido procedimientos obligatorios establecidos en el Decreto Supremo Nº 181 y gestionó la compra mediante cinco Fondos en Avance por un monto total de Bs 1.225.100.
Las observaciones señalan que la adquisición benefició a un único proveedor y que los recursos fueron distribuidos individualmente en las cuentas del Sistema de Gestión Pública (SIGEP) de cinco funcionarios, quienes participaron en la ejecución de los desembolsos.
Tras la detección de las anomalías, se dispuso la destitución de los funcionarios de mayor jerarquía vinculados al proceso.
Entre los removidos se encuentran el gerente ejecutivo de EBA, los responsables de las gerencias Financiera, de Producción y Legal, además de jefes de unidad y personal técnico relacionado con la recepción y transferencia de los recursos observados.
Como parte de las medidas adoptadas para reorganizar la empresa, fue posesionada Mónica Roca como nueva gerente ejecutiva de EBA. La nueva autoridad asumió funciones junto a un equipo gerencial renovado mientras se desarrolla una auditoría y una investigación interna para determinar el alcance de las responsabilidades por las irregularidades detectadas.
Los tres casos continúan bajo seguimiento institucional y forman parte de los procesos de control ejecutados en entidades estatales para establecer posibles responsabilidades administrativas y penales derivadas de los hechos identificados durante las fiscalizaciones.