El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, negó ayer que haya influido en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, que recibió una ayuda pública de 53 millones de euros en 2021 y defendió que solo hizo trabajos de consultor, según señalaron fuentes presentes en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que instruye el caso Plus Ultra.
Zapatero, que había sido citado ayer como imputado por presuntamente liderar una trama «estable y jerarquizada de tráfico de influencias», negó haber tenido nunca contacto directo con Plus Ultra, así como negó también haber contactado con ninguna autoridad para el rescate. Si bien, admitió que conoció al actual presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, también investigado, en 2024.
Asimismo, aseguró que él era simplemente un consultor y que solo hizo, por tanto, trabajos de consultoría política. En este sentido, relató que él actuaba como experto en asuntos internacionales, sobre todo sobre países latinoamericanos, y que elaboraba informes, mantenía reuniones con clientes a los que asesoraba sobre este continente y acerca de inversiones, gracias a su conocimiento de política internacional.
También Zapatero explicó que su contrato con la empresa de su amigo Julio Martínez Martínez, propietario de Análisis Relevante y también investigado en la trama, era verbal.
Sobre sus hijas, explicó que se dedicaban al marketing e intervenían en trabajos de diseño, y defendió que su actividad profesional era real y que contaban con más clientes.
JOYAS INCAUTADAS
Además de por el rescate de Plus Ultra, el juez Calama quería preguntarle por el origen de las joyas intervenidas en su despacho, cuyo valor de tasación asciende a 1,3 millones de euros, y por las que abrió la semana pasada una pieza separada. Pero ayer Zapatero rehusó responder al respecto y ha vuelto a reclamar más tiempo para poder explicarse sobre las joyas. Así, calculó que en una semana o 10 días podrá tener la documentación necesaria para ello.
Esta postura era de esperar, ya que la defensa del expresidente intentó sin éxito posponer la comparecencia sobre este asunto, alegando que había tenido poco tiempo para prepararla tras conocerse el pasado viernes el informe de tasación. Sin embargo, el juez rechazó la petición de posponerla, dado que las joyas se encontraron el pasado 19 de mayo en el registro del despacho de Zapatero ubicado en la madrileña calle de Ferraz.
Otro asunto sobre el que tampoco declaró fue sobre las numerosas conversaciones de directivos de Plus Ultra que fueron halladas en el móvil de un accionista, Rodolfo Reyes, y que una agencia norteamericana entregó a la Policía Nacional este año, y en las que se hablaba de «pedir ayuda a Zapatero» para conseguir el rescate de la aerolínea, o en las que Reyes se refería al expresidente como su «pana». La defensa justificó esta falta de respuesta dado que esas conversaciones se encuentran impugnadas, ya que cuestionaron si autenticidad.
Además, negó haber tenido una sociedad en Dubái, ni fuera de España, ni haber dado instrucciones para crear una. También señaló no saber nada sobre conversaciones con empresarios para la compra de oro o petróleo en Venezuela.
DECLARACION
La declaración de Zapatero, quien solo contestó a las preguntas del juez Calama y de su defensa, Víctor Moreno, se prolongó durante casi tres horas. Como investigado que es, tenía derecho a no prestar declaración, a no contestar a alguna o algunas de las preguntas que se le formulen, y a no declarar contra sí mismo. Antes de arrancar la declaración, el magistrado ordenó retirar los móviles de los presentes en la sala para evitar filtraciones.
Zapatero, que estaba citado a las 9:00 horas, llegó en coche hasta las inmediaciones de la Audiencia Nacional unos diez minutos antes. A continuación, accedió a pie por la puerta principal, que suele estar reservada para jueces, fiscales y funcionarios, tal y como había reclamado por motivos de seguridad. A su llegada, fue recibido por algunas personas que se agolpaban en los alrededores entre abucheos y gritos de «sinvergüenza», «chorizo» y otros insultos. En cambio, a su salida, el exlíder socialista lo ha hecho por el acceso de público, donde le recogió un coche, que salió del perímetro por la calle General Castaños.
Su declaración causó una gran expectación mediática, con centenares de periodistas y cámaras en las puertas de la Audiencia Nacional. Y es que era la primera vez en la historia de la democracia que un exjefe del Ejecutivo tenía que declarar como imputado. Y lo ha hecho por varios delitos: tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo y falsedad documental en el caso Plus Ultra, además del delito fiscal y contrabando, recientemente imputado en la pieza separada abierta por el juez Calama por las joyas incautadas.
En un comunicado, el expresidente del Gobierno defendió su inocencia y mostró su confianza plena en la Justicia. «Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido», denunció, al tiempo que ha pedido «confianza» para demostrar su inocencia. «La verdad se abrirá paso», aseguró. También afirmó que «en los próximos días» irá dando «las explicaciones oportunas».
El expresidente del Gobierno también ha hecho llegar al juez una autorización para que pueda acceder a toda su información. «Por medio del presente escrito presto mi consentimiento expreso para que ese digno Tribunal pueda dirigirse a cualesquiera autoridades administrativas, financieras, bancarias u organismos de toda naturaleza, fuera de España, en cualquier territorio o jurisdicción, para recabar la documentación o la información que pudiera ser relevante para esta causa», aseguró Zapatero.
Y agregó que esta autorización permite recabar información «especialmente respecto de activos mobiliarios o inmobiliarios, o de participaciones sociales o de intereses de cualquier tipo en cualquier ente de naturaleza civil o mercantil de los que pudiera ser titular directo o indirecto, mediato o inmediato». En el caso de que el expresidente no hubiera dado este paso, el magistrado podría haber accedido a esta información con una comisión rogatoria.
MEDIDAS CAUTELARES
Tras su declaración, se celebró una vistilla sobre las medidas cautelares a adoptar, en la que la Fiscalía pidió la retirada del pasaporte, incluido el diplomático, la prohibición de salir de España, y la comparecencia cada 15 días ante el juzgado. También el PP, que coordina las acusaciones populares personadas en la causa, solicitó las mismas medidas. Sin embargo, el juez Calama rechazó la imposición de medidas cautelares pero no cambia de idea sobre los indicios que tiene contra él.
En un auto al que tuvo acceso RTVE, el magistrado descarta la imposición de medidas cautelares alegando que Zapatero es una persona de «pública notoriedad», una circunstancia que «dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de ilocalización o sustraerse discretamente al procedimiento». En su opinión, su visibilidad pública y manifiesto arraigo en el territorio, unidos a la ausencia de cualquier indicio de intención evasiva, excluyen razonablemente la existencia de un riesgo de fuga real y actual.
Además, incide en que la adopción de medidas cautelares solo puede justificarse si existe «razonables sospechas de la comisión de un delito» y recuerda que la «mera existencia de indicios no habilita por sí sola la adopción de medidas restrictivas». «Es imprescindible que concurra además un riesgo procesal concreto, no hipotético, ni meramente posible», agregó. También resalta que la medida cautelar no se puede convertir «nunca en una forma de sanción anticipada».
Y advierte que tampoco se aprecia otro de los requisitos para imponer las medidas que es el riesgo de ocultación o destrucción de pruebas, pues considera que los elementos relevantes ya fueron intervenidos.
La Fiscalía Anticorrupción y el PP habían solicitado esas medidas cautelares ante el riesgo de fuga. En el caso de Vox, Hazte Oír, Liberum e Iustitia Europa, las otras acusaciones populares, habían elevado su petición y reclamaban prisión provisional ante el riesgo de fuga.
El abogado y presidente de Iustitia Europa, Luis Pardo, señaló que España no podía «permitirse la posibilidad de tener otro (Carles) Puigdemont», razón por la cual instó al PP que solicitase prisión provisional, petición a la que se sumó el abogado de Hazte Oír Javier Pérez Roldán, quien explicó que el PP, que es la única acusación popular que pudo asistir a la declaración, no quiso por la condición de expresidente de Zapatero.
INDICIOS
El juez Calama dejó claro que «la declaración del investigado no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación, y que derivan de diversas y distintas fuentes de prueba». Apunta por ejemplo a la «trazabilidad de diversas transferencias» entre las cuentas bancarias del expresidente «en relación con fondos procedentes de la ayuda pública concedida por el Gobierno a la mercantil Plus Ultra».
Señaló además la «utilización de múltiples sociedades mercantiles indiciariamente instrumentales para canalizar estos pagos». Y recordó que durante el registro en su despacho de la calle Ferraz los agentes encontraron las joyas por valor de 1,3 millones, que a día de hoy, «no se haya acreditado su origen ni su correspondiente liquidación tributaria y aduanera».
Con todo, Calama pidió a Zapatero que le facilite un número de teléfono móvil y un correo electrónico que «permitan su inmediata localización» por parte del juzgado.(RTVE)