El Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) acordaron anoche ingresar en un cuarto intermedio hasta este jueves (hoy), luego de consensuar la conformación de una comisión jurídica conjunta que analizará la situación de las personas detenidas durante las movilizaciones, en lo que ambas partes consideraron un primer avance dentro del diálogo orientado a la pacificación del país.
La comisión se trasladó anoche al Ministerio de Gobierno para abordar el primer planteamiento realizado por la dirigencia sindical: la situación de las personas detenidas durante las movilizaciones, según informó el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, por su parte, sostuvo que esta comisión continuará trabajando para contar con una evaluación legal de cada caso y presentar conclusiones este jueves.
“Van a seguir trabajando esta comisión, cosa que mañana (hoy) ya tengamos una conclusión de este trabajo de evaluación jurídica de las personas que están detenidas”, señaló.
La autoridad adelantó que el diálogo con la COB será reinstalado en horas de la mañana de este jueves y que la intención del Gobierno es continuar la reunión hasta alcanzar conclusiones.
“En la parte de la mañana vamos a reiniciar el diálogo y lo vamos a hacer hasta acabar el día de mañana”, manifestó.
Consultado sobre el pliego petitorio de la COB, Oviedo indicó que el documento ya fue conocido por el Gobierno y que diferentes ministerios trabajan en los puntos que corresponden a sus áreas.
“El Gobierno ha estado trabajando por los ministerios que están atingidos en el pedido de la COB y esperamos que mañana, conjuntamente con los equipos de la COB, podamos tener una conclusión”, explicó.
El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, dijo que el tema de los detenidos fue el primer punto abordado en la agenda y destacó la disposición del Ejecutivo para buscar una salida al conflicto.
“Se ha determinado en el primer punto que nosotros no podemos dialogar con nuestros compañeros detenidos. Existe la voluntad política del Gobierno, es por eso que se ha instalado este diálogo y se está conformando una comisión jurídica de la Central Obrera Boliviana y del Gobierno central para que se pongan a trabajar de manera inmediata en este camino”, afirmó.
Según Argollo, la creación de esta instancia representa uno de los principales avances alcanzados durante la reunión inicial de ayer.
La COB, bajo la conducción de Argollo, enfrenta una contradicción cada vez más evidente: dice representar a los trabajadores, pero sus medidas terminaron golpeando justamente a quienes dependen del trabajo cotidiano para sobrevivir.
Esa distancia entre el discurso sindical y el sufrimiento real de la población anula su legitimidad y expone a una dirigencia más preocupada por sostener su pulso político que por evitar el deterioro económico y social del país.
Argollo llegó al diálogo después que el conflicto cobró vidas, dejó cansancio, pérdidas económicas imposibles de superar en el corto plazo y una profunda molestia ciudadana. Su papel queda marcado por una conducción rígida, tardía y poco sensible ante el costo humano de los bloqueos. Si el dirigente cobista pretende presentarse ahora como parte de la solución, primero deberá responder por ser generador y parte activa del problema.
Pese a estos antecedentes, el cobista aclaró que el acercamiento con el Ejecutivo no implica el levantamiento de las medidas asumidas por los sectores movilizados y aseguró que la COB mantendrá coordinación permanente con sus bases, por lo que el país seguirá bloqueado, gracias a que Argollo, atribuyéndose una representación que no la tiene, reiteró que las movilizaciones fueron a nombre del pueblo boliviano, cuando quedó demostrado que todo esto fue financiado por el cocalero, Evo Morales, y gente ligada al narcotráfico, tal como alertaron varios líderes de la comunidad internacional.
Por su parte, la diputada de Alianza Popular (AP), Claudia Herbas, destacó que durante el encuentro se logró establecer una agenda de trabajo y valoró la predisposición de las organizaciones sociales y del Gobierno para avanzar en soluciones al conflicto.
“Ya se ha establecido una agenda donde las organizaciones sociales dieron el primer paso para pacificar el país, dado el cansancio que existe en la población”, afirmó.
El diálogo fue instalado por el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, y autoridades del Órgano Ejecutivo como parte de los esfuerzos para encontrar soluciones al conflicto que lleva 48 días y cuyos bloqueos perjudican a la población y a la economía.