Piden que legisladores pierdan su curul por traición a la patria

Reprochando que asambleístas nacionales hayan promovido que activistas de ultraizquierda ingresen al país para cometer actos de injerencia, el diputado oficialista Ricardo Rada planteó iniciar los respectivos procesos para despojar de sus curules a quienes incurrieron en supuesta traición a la patria.
Rada informó que se presentó a la presidencia de la Cámara de Diputados una nota solicitando convocar a los jefes de bancada de las seis fuerzas políticas con representación parlamentaria, con la finalidad de lanzar “una línea contundente” de rechazo a cualquier tipo de injerencia extranjera en asuntos políticos internos.
En su criterio, los asambleístas del ala “larista” en el oficialismo, Helen Patiño, Margarita Mendoza, Sonia Siñani, Milton Morales, Rodolfo García, además de los senadores Rosario García, Richard Espada y Ana María Crispín, incurrieron en un acto de “traición a la patria” cuando se contactaron con políticos argentinos de ultraizquierda y supuestos activistas por los derechos humanos, para intervenir en territorio nacional, posicionando falsos relatos respecto a la actual situación social en un contexto marcado por un bloqueo de más de cuarenta días.
Para Rada, los actos detallados no deben quedar en la impunidad y corresponde que las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se unan para retirar los curules de los legisladores cuestionados.
“Son traidores a la patria porque piensan que los bolivianos no somos capaces de resolver nuestros problemas solos e invitan a una tropa de argentinos, pensando que ellos van a solucionar los problemas de nosotros. En eso nunca vamos a estar de acuerdo porque amamos Bolivia y somos conscientes de que el boliviano puede”, dijo.
El parlamentario representante del departamento de Santa Cruz, afirmó que lo peor del caso es que hayan sido asambleístas bolivianos los que cursaron invitaciones para la llegada de estas personas a territorio nacional, pese a tratarse de militantes de ultraizquierda disfrazados de activistas por los derechos humanos.
“Es terrible que estos diputados y senadores se hayan extralimitado y dejen al país en vergüenza. Son un grupo de legisladores que no merecen ese cargo y por eso nosotros estamos invitando a que se alcancen consensos entre bancadas para procesarlos en la Comisión de Ética para que pierdan su curul por haber humillado al país”, insistió.
El lunes, autoridades bolivianas denegaron la permanencia en el país de una delegación argentina, integrada por políticos, militantes y activistas de izquierda, quienes supuestamente pretendían verificar la situación de los derechos humanos en el marco de los actuales conflictos sociales.
Se reportó que la delegación argentina llegó al aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz y luego voló hacia el aeropuerto de El Alto, donde fueron retenidos y retornados a la terminal aérea cruceña.
Legisladores de distintas fuerzas políticas coincidieron en que corresponde la inmediata expulsión de cualquier persona que llegue al país a inmiscuirse en asuntos internos.
En criterio de la senadora por la alianza Libre, Tomasa Yarhui, si bien el país debe mantener las mejores relaciones posibles con otras naciones, no se puede permitir que ciudadanos extranjeros ingresen a Bolivia, para incurrir en intromisiones políticas o para tomar parte en conflictos internos.
“Si respetan la soberanía del país son bienvenidos, pero en la medida que violen esto deben ser expulsados. La Cancillería debe tener total conocimiento si están viniendo como efecto de una invitación o pasa lo contrario”, sostuvo la legisladora representante del departamento de Chuquisaca.
Asimismo, cuestionó que, en las últimas semanas, se haya visto a varios militantes de izquierda argentinos emitiendo criterios de índole político respecto a la coyuntura nacional, hecho que es totalmente censurable y requiere de acciones inmediatas por parte de autoridades. “Cuando hay una violación a la soberanía, inmediatamente debe analizarse la expulsión”, aseveró.
Desde la Cancillería, se explicó que las decisiones adoptadas por las autoridades migratorias fueron asumidas en estricto cumplimiento de la Constitución Política del Estado (CPE), la normativa migratoria vigente y las atribuciones soberanas que corresponden a todo Estado para regular el ingreso, permanencia y salida de personas.
“Toda persona extranjera que pretenda ingresar al país debe cumplir las disposiciones establecidas por la legislación nacional y acreditar las condiciones requeridas para su permanencia. Asimismo, las invitaciones emitidas por autoridades, legisladores o instituciones nacionales no sustituyen ni eximen el cumplimiento de los requisitos migratorios establecidos por el ordenamiento jurídico boliviano”, señala un pronunciamiento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que además se reafirma el compromiso del Estado boliviano con el respeto a los derechos humanos, el derecho internacional, la cooperación entre los pueblos y las relaciones de amistad con todos los Estados, en el marco del respeto mutuo, la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos.