Dirigencia sindical debe resarcir daños provocados por bloqueos

Lamentando que medidas de presión extremas afecten en distintos aspectos a la población boliviana y la economía del país, el diputado por la alianza Libre, Edgar Zegarra, anunció la presentación de una denuncia penal contra la dirigencia sindical que promueve bloqueos, para que los recursos procedentes de aportes a la Central Obrera Boliviana (COB), se destine a reparar los daños tras más de cuarenta días de bloqueos.
En conferencia de prensa, Zegarra reiteró que no retrocederá en sus gestiones para enjuiciar a la dirigencia de la COB, hasta conseguir que todo el daño provocado por los bloqueos sea reparado con recursos del ente sindical.
“Los daños y perjuicios provocados se dan en varios aspectos, desde las muertes provocadas en las carreteras, hasta el daño económico que ha sufrido el país y toda la ciudadanía. A esto se suma las agresiones y el trato inhumano hacia la población por parte de los movilizados”, dijo.
Según el legislador representante del departamento de Potosí, el punto central de enjuiciar a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana es que los gastos de las familias perjudicadas por los bloqueos sean saldados con recursos provenientes de los aportes que el ente sindical recibe mensualmente.
“Como hay muchos millones ahí, esto debe ir a parar a la gente que ha sido perjudicada. No vamos a retroceder ni permitir que la dirigencia de la COB, se cubra nuevamente de impunidad después de más de cuarenta días de una medida que ha provocado el cierre de negocios y la quiebra de muchas empresas”, explicó.
Al respecto, el abogado William Sánchez Peña afirmó que la dirigencia de la COB incurrió en una serie de delitos que deben pagarse en instancias judiciales, sin buscar apelar a la comprensión de la gente ni argumentar que las medidas fueron parte de una protesta social legítima.
“El pueblo paceño no tiene nada que comprender, ese cerco inhumano lo van a tener que pagar en la justicia, porque se han cometido delitos contra la salud, se ha generado escasez, se ha privado de tratamiento a enfermos crónicos y otros abusos”, aseguró el jurista.
Sánchez detalló que los delitos cometidos por la dirigencia de la COB y otros, tienen que ver con atentados a la seguridad del transporte terrestre y delitos contra la salud pública, entre otros, en los que se contemplan penas entre seis y diez años de cárcel.
Por otro lado, quienes se movilizaron con la finalidad de provocar una ruptura en el orden democrático a través de un derrocamiento del gobierno, pueden ser procesados bajo la figura de terrorismo.