Luego que una delegación de activistas argentinos de izquierda fue retenida en el aeropuerto internacional de la ciudad de El Alto, impidiendo una supuesta verificación de la situación de los derechos humanos en el marco de los actuales conflictos sociales, legisladores de distintas fuerzas políticas coincidieron en que corresponde la inmediata expulsión de cualquier persona que llegue al país a inmiscuirse en asuntos internos.
En criterio de la senadora por la alianza Libre, Tomasa Yarhui, si bien el país debe mantener las mejores relaciones posibles con otras naciones, no se puede permitir que ciudadanos extranjeros ingresen a Bolivia para incurrir en intromisiones políticas o para tomar parte en conflictos internos.
“Si respetan la soberanía del país son bienvenidos, pero en la medida que violen esto deben ser expulsados. La cancillería debe tener total conocimiento si están viniendo como efecto de una invitación o pasa lo contrario”, sostuvo la legisladora representante del departamento de Chuquisaca.
Asimismo, cuestionó que en las últimas semanas se haya visto a varios militantes de izquierda argentinos emitiendo criterios de índole político respecto a la coyuntura nacional, hecho que es totalmente censurable y requiere de acciones inmediatas por parte de autoridades. “Cuando hay una violación a la soberanía, inmediatamente debe analizarse la expulsión”, dijo.
Por su parte, la diputada oficialista Katherine Pinto, reprochó que militantes de izquierda argentinos manejen discursos falsos en el exterior, respecto a una supuesta represión de sectores movilizados en el país, cuando en la realidad ocurre todo lo contrario.
“En Bolivia no permitiremos la injerencia de otros países y menos de zurdos socialistas extranjeros que le han hecho mucho daño no solo a Bolivia, sino a toda Latinoamérica. Aquí no se ha hecho nada en contra de los derechos humanos, son unos mentirosos que engañan a los más humiles y vulnerables”, señaló.
Ayer, autoridades bolivianas denegaron la permanencia en el país de una delegación argentina, integrada por políticos, militantes y activistas de izquierda, quienes supuestamente pretendían verificar la situación de los derechos humanos en el marco de los actuales conflictos sociales.
Se reportó que la delegación argentina llego al aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz y luego voló hacia el aeropuerto de El Alto, donde fueron retenidos y retornados a la terminal aérea cruceña.