Un tribunal de apelaciones de Reino Unido falló a favor del Gobierno del primer ministro Keir Starmer y ratificó la prohibición de la organización activista Palestine Action bajo la Ley Antiterrorista, revocando así un dictamen previo de una corte inferior.
La justicia británica argumentó que el grupo opera mediante células secretas y promueve activamente la violencia ilegal para destruir propiedades de empresas de defensa que suministran a la OTAN e Israel.
Como consecuencia directa de este fallo, los procesos penales contra más de 700 simpatizantes —detenidos previamente por usar consignas de apoyo al grupo— seguirán adelante, mientras que una nueva ola de protestas frente a la corte dejó al menos 117 arrestados este lunes.
La polémica decisión profundizó la brecha política y social en el país: mientras el Ministerio del Interior y organizaciones judías como el Community Security Trust celebraron el dictamen como una medida necesaria para salvaguardar la seguridad nacional, Amnistía Internacional encendió las alarmas advirtiendo que equiparar el daño a la propiedad privada con terrorismo sienta un precedente peligroso que criminaliza el derecho a la protesta social. (Agencias)