Durante la firma de un convenio intergubernativo entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de El Alto para la ejecución de obras de infraestructura vial, seguridad ciudadana, educación y otros, el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, advirtió que existen organizaciones sociales infiltradas por intereses políticos de extrema derecha e izquierda, en busca de imponer sus respectivas visiones a costa del sufrimiento de la gente.
“Cuando la Constitución manda y dice ‘vivir bien’, el bloquear es una suerte de morir. El bloqueo mata a El Alto, porque su forma de salir adelante es producir y generar comercio. El bloqueo retrasa todo eso”, sostuvo el mandatario, remarcando que las perdidas tras más de cuarenta días de bloqueos, ascienden a más de 1200 millones de dólares en todo el país.
En esa línea y haciendo referencia a varias denuncias respecto a puntos de bloqueo que se instalan de forma forzada, Paz alertó que algunas organizaciones sociales de la ciudad de El Alto están siendo infiltradas por intereses políticos de personajes ajenos a esta ciudad, lo que perjudica severamente el progreso y desarrollo regional.
“Vienen de otros puntos del país a querer imponer una visión política que solo satisface los intereses políticos tanto de la extrema izquierda en Bolivia, como de la extrema derecha, porque hay líderes de la extrema derecha que quieren que El Alto y La Paz sufran”, afirmó.
En el acto de suscripción del convenio referido, el alcalde alteño, Eliser Roca, solicitó al presidente Paz, frenar una posible declaración de Estado de Excepción para evitar un innecesario derramamiento de sangre en el país, a lo que el primer mandatario respondió reiterando su plena disposición al dialogo.
“Por eso, presidente Rodrigo Paz Pereira, le pido públicamente que no persigan más a nuestros dirigentes (…) y no emita el decreto de excepción. El diálogo es el mejor camino”, dijo Roca.
Paz Pereira, una vez más llamó al diálogo con los sectores movilizados, reiterando que está plenamente vigente una Ley de Regulación de Estados de Excepción aprobada por el Parlamento, con la que, en caso de ser necesario, se hará cumplir la Constitución.