El Gobierno denunció la existencia de una estrategia orientada a vulnerar el orden constitucional mediante acciones contra instalaciones militares y policiales, en medio de la escalada del conflicto social que afecta al país desde hace 40 días. Además, señaló al expresidente, Evo Morales, como el principal responsable de estas acciones.
En conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sostuvo que el Ejecutivo ya no interpreta los hechos registrados en distintas regiones como una protesta social convencional, sino como una acción organizada que busca afectar la institucionalidad del Estado.
“No estamos viviendo un conflicto social con sectores de diferentes regiones del país, estamos viviendo una conspiración financiada por el narcoterrorismo con el fin de violentar nuestro ordenamiento constitucional”, afirmó la autoridad al referirse a los recientes acontecimientos registrados en medio de las movilizaciones y bloqueos.
Según Oviedo, Morales instruyó el cerco de unidades militares y policiales con el propósito de que estas puedan ser tomadas por el “narcoterrorismo”, una situación que, de acuerdo con la posición oficial, evidencia un escenario de creciente riesgo para la seguridad interna del país.
En ese contexto, también se registraron hechos de violencia como la quema de un puesto de control policial en el municipio cruceño de San Carlos y el saqueo de un puesto policial en San Julián, donde los efectivos se replegaron ante la escalada de violencia registrada durante el fin de semana.
Uno de los casos mencionados por la autoridad es el anuncio realizado por la Federación de Comunidades Interculturales Chimoré sobre una eventual toma de instalaciones militares en ese municipio del trópico de Cochabamba, luego de la promulgación de la Ley de Regulación de Estados de Excepción.
En ese marco, el secretario de Relaciones de la Federación de Chimoré, Mario Rivera, advirtió que su sector no se haría responsable de lo que pudiera ocurrir con militares y policías en la región. Asimismo, señaló que el Gobierno debía reflexionar antes de ordenar el desplazamiento de efectivos hacia los puntos de bloqueo instalados por los sectores movilizados.
Las acusaciones del Gobierno se producen mientras persisten los bloqueos y movilizaciones que comenzaron el pasado 1 de mayo impulsados por la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones campesinas.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ejecutivo, las protestas fueron convocadas inicialmente para exigir la atención de demandas sectoriales. Sin embargo, a mediados de mayo las organizaciones movilizadas anunciaron que dejaban de lado esas reivindicaciones para concentrar sus acciones en la exigencia de renuncia del presidente Rodrigo Paz.
En paralelo al incremento de la conflictividad, el Gobierno también enfrenta presiones de distintos sectores que demandan medidas para restablecer la circulación en las carreteras bloqueadas.
La discusión sobre una eventual aplicación de un estado de excepción tomó fuerza en las últimas horas, luego de la promulgación de la ley que regula este mecanismo en Bolivia por parte del presidente Rodrigo Paz Pereira, norma que fue aprobada previamente por las cámaras de Diputados y Senadores.
Tras su entrada en vigencia, distintos sectores solicitaron al Ejecutivo la aplicación de esta medida con el objetivo de restablecer el orden y garantizar el libre tránsito en las carreteras afectadas por bloqueos.
Sin embargo, el ministro de Gobierno, evitó confirmar si el Gobierno evaluará su aplicación y señaló que cualquier decisión corresponde al Órgano Ejecutivo y será tratada por el Gabinete en el momento que corresponda, descartando plazos o escenarios específicos.
En paralelo, el Ejecutivo afirmó que se han realizado reiterados intentos de diálogo con los sectores movilizados, incluyendo convocatorias directas y gestiones de mediación con apoyo de la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo, aunque, según la versión oficial, estas iniciativas fueron rechazadas en un contexto de persistencia de bloqueos, tensión social y hechos de violencia contra instalaciones estatales.