Bolivia asiste hoy a una asfixia colectiva, en la que la crisis económica y el cálculo político se confunden peligrosamente. El incremento descontrolado en los precios de la canasta familiar y la escasez de alimentos ya no se leen como meros accidentes del mercado, sino como el resultado directo de una estrategia de cerco que, lejos de defender los intereses populares, penaliza con crueldad a los pequeños productores y a los sectores más vulnerables. Detrás de la retórica del conflicto, un análisis de los hechos recientes devela que la prioridad no es la búsqueda de soluciones estructurales, sino un juego de posicionamiento político, donde la estabilidad del país ha quedado como rehén.
El origen de la actual escalada, marcado por el pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana (COB) el pasado 1 de mayo, ya anticipaba el desenlace. Una mirada en perspectiva al documento, nos muestra que sus autores nunca buscaron el consenso; diseñaron peticiones inviables para cualquier gestión responsable —dada la precariedad de las finanzas fiscales del país— con el único fin de activar un pretexto. Al quedar el pliego archivado, la COB y sus aliados revelaron su verdadero norte: forzar la huelga indefinida y el bloqueo en La Paz, El Alto y Cochabamba, para precipitar la dimisión del presidente constitucional, Rodrigo Paz.
Sin embargo, la estrategia del derrocamiento no ha logrado el eco social esperado. La ciudadanía, fatigada por la confrontación, no apoya estas medidas. Como bien han señalado analistas de nuestro medio, el bloqueo se ha convertido solo en una herramienta que castiga principalmente al ciudadano de a pie, a los sectores más necesitados.
Resulta una ironía trágica que, mientras el mundo entero condena la estrategia empleada en la guerra en Gaza, donde miles de personas sufren por el hambre, a pesar de ser una violación al derecho internacional, en nuestro propio suelo existan grupos de poder aplicando la misma lógica de privación alimentaria contra quienes deciden no sumarse a su protesta.
La naturaleza del movimiento ha mutado visiblemente. Lo que en algún momento pretendió presentarse como una movilización reivindicativa o revolucionaria ha degenerado, según denuncias de los propios pobladores de las regiones afectadas, en un esquema de extorsión.
Esta presión interna ya muestra fisuras. Reportes de prensa dan cuenta de regiones que empiezan a desafiar activamente los bloqueos. Este fenómeno enciende las alarmas: si el Estado, a través de la policía, no interviene oportunamente para garantizar el libre tránsito, el país corre el riesgo de deslizarse hacia una confrontación abierta entre ciudadanos, atizada por los elementos más radicales de ambos bandos.
Quienes dirigen el cerco parecen perder de vista las consecuencias a mediano plazo de sus acciones. La demanda de adelanto electoral o renuncia presidencial puede convertirse en un bumerán. En un contexto de arcas públicas debilitadas, organizar un proceso electoral express no solo sería costoso, sino que también debilitaría la institucionalidad democrática.
La idea de que los gobiernos no se cambian en las urnas cuando corresponde, sino cuando la presión callejera o las crisis sectoriales alcanzan un punto de ebullición, debilita las reglas del juego democrático a largo plazo, haciendo que cualquier gobierno futuro, sea del signo político que sea, se vuelva inherentemente vulnerable e inestable. Una interrupción del mandato o un adelantamiento electoral abrupto solo tendería a profundizar la polarización social y la parálisis política, en lugar de resolverlas.
El autor es Comunicador social.