Con 87 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó ayer una reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) destinada a prevenir y sancionar el uso ilícito de uniformes, insignias y distintivos de instituciones de seguridad del Estado. La normativa busca enfrentar una modalidad utilizada por grupos delictivos que simulan operativos oficiales mediante la utilización de prendas y elementos de identificación de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
La decisión legislativa se adoptó durante el segundo debate de la Ley Orgánica Reformatoria para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo de Uniformes, Insignias y Distintivos Institucionales, una iniciativa orientada a fortalecer la seguridad pública y reducir los riesgos derivados de la suplantación de autoridad.
PROBLEMA DE
SEGURIDAD
Según el informe elaborado por la Comisión de Seguridad Integral, la reforma surge ante el incremento de casos en los que organizaciones criminales utilizan vestimenta similar o idéntica a la de entidades estatales para ejecutar acciones ilícitas, generar confusión entre los ciudadanos o facilitar la comisión de delitos.
Durante el debate legislativo se destacó que la nueva normativa incorpora mecanismos penales, administrativos y preventivos para controlar la fabricación, comercialización y utilización de estos elementos. Además, busca fortalecer la trazabilidad de uniformes e insignias vinculados a organismos de seguridad.
NUEVAS SANCIONES
La reforma incorpora cambios al régimen sancionatorio vigente y establece penas diferenciadas de acuerdo con la gravedad de la conducta. Entre las disposiciones aprobadas figura la tipificación específica del uso no autorizado de uniformes pertenecientes a instituciones reguladas por el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop), así como de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Las sanciones previstas oscilan entre uno y tres años de prisión para quienes porten indebidamente estos elementos. Cuando el uso tenga como finalidad simular controles, operativos o procedimientos oficiales, la pena podrá aumentar de tres a cinco años. En los casos que involucren insignias o distintivos de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, las condenas podrán llegar hasta siete años de privación de libertad.
CONTROLES
La legislación también establece sanciones para quienes fabriquen, distribuyan o comercialicen ilegalmente uniformes. Dependiendo de la participación y gravedad de los hechos, las penas previstas van de uno a siete años de cárcel.
Asimismo, las empresas de seguridad privada deberán implementar mecanismos más estrictos para el control, entrega y devolución de uniformes utilizados por su personal. La norma también prohíbe expresamente el uso de prendas o distintivos que puedan generar confusión con los empleados por organismos estatales de seguridad.
Con esta reforma, el Legislativo incorpora nuevas herramientas legales para combatir la suplantación de identidad institucional y fortalecer los mecanismos de protección de la seguridad pública en Ecuador. (El Diario Ecuador)