La exconcejal y exasambleísta departamental de Potosí, Azucena Fuertes Mamani, expresó su preocupación por la presencia de armas de fuego en escenarios de conflictividad social y advirtió que ese fenómeno revela una amenaza mayor para la democracia, el Estado de Derecho y la convivencia pacífica en el país.
En un pronunciamiento público, Fuertes sostuvo que los últimos hechos de violencia vuelven a exponer una realidad que, en su criterio, Bolivia no puede seguir ignorando: la expansión de prácticas armadas en zonas donde el narcotráfico habría ganado presencia e influencia.
“Hoy vuelve a quedar en evidencia una realidad que Bolivia no puede seguir ignorando: el uso de armas de fuego en regiones donde el narcotráfico ha ganado presencia e influencia”, afirmó la exautoridad potosina.
Fuertes recordó como antecedente la emboscada contra la denominada caravana del sur, ocurrida después de la crisis electoral de 2019, cuando sectores movilizados de Potosí, Tarija y Chuquisaca se dirigían a La Paz en medio de las protestas nacionales. El informe del GIEI investigó hechos de violencia y vulneración de derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 en Bolivia.
“Lo advertimos desde la emboscada a la caravana del Sur posterior al monumental fraude electoral de 2019, cuando mineros, universitarios, maestros y vecinos de Potosí, Tarija y Chuquisaca, desarmados y ejerciendo su derecho a la protesta, fueron atacados por francotiradores en el límite entre Oruro y Potosí. El saldo fue dramático: cinco personas heridas por impactos de bala”, señaló.
La exasambleísta remarcó que los testimonios de las víctimas y las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes no deben ser relegados ni minimizados, al considerar que constituyen antecedentes relevantes para comprender la gravedad de la violencia política en el país. Medios nacionales reportaron en 2021 que el GIEI identificó ataques graves contra las caravanas del Sur y Minera durante la crisis de 2019.
“Los testimonios de quienes estuvieron allí y las conclusiones del informe del GIEI constituyen antecedentes que fueron minimizados en su momento y que hoy no pueden quedar en el olvido”, manifestó.
Fuertes advirtió que la situación actual no puede ser interpretada únicamente como una disputa por puntos de bloqueo, sino como una señal de deterioro institucional cuando aparecen armas de fuego, violencia organizada y grupos que actúan al margen de la ley.
“Lo que vive Bolivia no puede reducirse a una simple disputa por bloqueos. Cuando aparecen armas de fuego, violencia organizada y grupos que actúan al margen de la ley, estamos frente a una amenaza directa contra la democracia, la paz social y el Estado de Derecho”, declaró.
En esa línea, afirmó que el país enfrenta “la sombra del narcotráfico” en la actividad política, lo que, según dijo, pone en riesgo la convivencia democrática de los bolivianos.
“Estamos frente a la sombra del narcotráfico que ensombrece la práctica política y pone en riesgo la convivencia democrática de los bolivianos”, sostuvo.
Finalmente, la exconcejal potosina llamó a rechazar la violencia como mecanismo de presión política y pidió que prevalezcan el diálogo, la ley y la justicia.
“La violencia nunca puede sustituir al diálogo ni las armas imponerse sobre la voluntad popular. La defensa de nuestro país exige firmeza, verdad y justicia. Bolivia merece paz, democracia y el pleno imperio de la ley”, concluyó.