Los bloqueos siguen provocando pérdidas económicas, la Planta de PIL en El Alto reporta una producción de sólo 25% de lo programado y una afectación de 16 millones de bolivianos, también los empresarios de Cochabamba señalan que la pérdida ya va por los 2.292,4 millones. Días atrás, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) cuantificó que la cifra pasó los 2.000 millones de dólares.
Los bloqueos de carreteras y conflictos sociales registrados durante mayo provocaron una severa afectación a las operaciones de la Planta de PIL en El Alto, que solo pudo operar durante ocho días del mes y produjo apenas una cuarta parte del volumen programado, indica la empresa.
Según datos de la empresa, la planta tenía previsto elaborar 3.200 toneladas de productos lácteos durante mayo; sin embargo, alcanzó únicamente un 25%.
La suspensión de entrega de leche cruda hace más de 23 días obligó a paralizar las operaciones de Planta El Alto, que dejó de recibir cerca de 60.000 litros de leche cruda diariamente, generando un impacto económico negativo que supera los 16.000.000 de bolivianos, monto que resulta de la combinación entre la producción no realizada y los costos operativos que continuaron acumulándose durante el período de paralización.
Uno de los indicadores más ilustrativos del impacto sufrido por la industria es el fuerte incremento de los costos fijos por tonelada producida. En otras palabras, producir cada tonelada resultó casi cuatro veces más caro de lo planificado, al tener que distribuir los mismos costos estructurales sobre una cantidad mucho menor de producto terminado, detalla.
La situación fue mitigada mediante el abastecimiento desde las plantas de PIL ubicadas en Santa Cruz y Cochabamba, que cuentan con capacidad para atender también la demanda del mercado paceño, así como de todo el país. No obstante, los bloqueos de carreteras interrumpieron el transporte regular de productos entre departamentos, impidiendo compensar la disminución de la producción en La Paz.
La empresa advirtió que este tipo de interrupciones no solo perjudica a la industria alimentaria, sino a toda la cadena de producción y distribución de alimentos, con efectos directos en los costos, el abastecimiento y la atención oportuna al consumidor.
Cochabamba
Entretanto, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), hasta el viernes 5 de junio, registró una afectación económica acumulada estimada de 2.292,4 millones de bolivianos, derivada de 810 conflictos y protestas sociales que generaron 40 días efectivos de bloqueo en rutas de conectividad nacional, interdepartamental y regional.
Los datos son el resultado del análisis de la Unidad de Análisis Económico y el Observatorio Económico Empresarial (OEE) de la FEPC, instancia que además cuantificó una afectación económica diaria de 90,9 millones de bolivianos, como consecuencia de 32 puntos de bloqueo que restringen la circulación de personas, transporte de carga, alimentos, insumos productivos, mercancías, servicios logísticos y bienes esenciales.
Esa unidad también advirtió que los bloqueos se convirtieron en un “impuesto económico indirecto” sobre toda la cadena productiva, al encarecer el transporte, restringir el abastecimiento, reducir ventas, deteriorar liquidez empresarial y trasladar mayores costos al precio final de los alimentos y productos de consumo cotidiano.
En ese sentido, la FEPC señaló que el bloqueo altera el funcionamiento normal del sistema de precios, ya que dejan de reflejar solamente oferta, demanda y productividad, además comienzan a incorporar riesgo logístico, incertidumbre, pérdida de tiempo, desvíos, escasez relativa y costos financieros.
Por otro lado, explicó que la inflación ya golpea la mesa de las familias y que los bloqueos profundizan ese impacto al encarecer el costo de transportar, producir, abastecer y vender.
La semana pasada, la Confederación de la Micro y Pequeña Empresa anunció un proceso penal contra la Central Obrera Boliviana (COB) por el daño provocado al sector, al aplicar sus medidas de presión, de más de 600 millones de bolivianos.
Resarcimiento
Ante esas pérdidas, el diputado Manolo Rojas presentó un proyecto de ley que plantea congelar cuentas bancarias, anotar bienes e incluso retener patrimonio de dirigentes y organizadores de protestas que provoquen daños a carreteras, infraestructura pública o bienes del Estado.
La iniciativa surge en medio de más de un mes de bloqueos y establece que no solo responderían quienes causen daños de manera directa, sino también los líderes, instigadores y directivos de organizaciones que hayan convocado o respaldado los conflictos.
El proyecto propone medidas inmediatas como el congelamiento de cuentas bancarias, la anotación preventiva de inmuebles y vehículos, e incluso el secuestro de bienes para garantizar el pago de los daños ocasionados al patrimonio público.