En medio de una crisis que cumplió ayer 36 días de bloqueos y que mantiene al menos 86 puntos de corte en seis departamentos del país, el abogado y analista, Óscar Villanueva, en entrevista con EL DIARIO, afirmó que la activación de mecanismos internacionales, como la Carta Democrática Interamericana, puede contribuir al respaldo político y diplomático de Bolivia, pero no reemplaza las decisiones internas que debe adoptar el Estado para preservar el orden constitucional y garantizar la circulación.
Villanueva explicó que la Carta Democrática Interamericana contempla, en su parte cuarta, los mecanismos de fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática, particularmente entre los artículos 17 y 22. El artículo 18 prevé que, ante situaciones que pudieran afectar el proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, se puedan realizar visitas u otras gestiones diplomáticas con consentimiento del Gobierno, para luego elevar informes al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
“A ver, en este sentido, es la parte cuarta de la Carta Democrática la que abarca los artículos del 17 al 22, donde justamente se habla de toda la estructura del fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática”, señaló.
El analista sostuvo que el Gobierno puede acudir a instancias internacionales, pero recordó que el Estado todavía tiene instrumentos internos que no habría utilizado plenamente. En ese marco, mencionó la Constitución Política del Estado, el estado de excepción, la abrogación de la denominada Ley Copa y la nueva reglamentación enviada por el Ejecutivo como parte del debate jurídico abierto por la crisis. La Constitución boliviana establece que el Presidente puede declarar estado de excepción en caso de peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastre natural, sin suspender derechos fundamentales ni garantías esenciales; además, su vigencia debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa dentro de las 72 horas siguientes.
“El Gobierno tiene una herramienta fundamental, que es la Constitución. Toda esta situación que se ha dado por el tema del estado de excepción, de la Ley Copa y de la reglamentación que se está mandando ahora, todas estas cosas son instrumentos constitucionales que tiene el presidente”, afirmó.
Villanueva comparó la eventual activación de mecanismos internacionales con los procedimientos ante órganos de derechos humanos, donde, por regla general, se exige el agotamiento de recursos internos antes de acudir a instancias supranacionales. La Convención Americana sobre Derechos Humanos contempla, como requisito de admisibilidad de peticiones, que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, salvo excepciones previstas por el propio sistema.
“Cuando uno quiere recurrir a un organismo internacional, por ejemplo, la CIDH o la Corte Interamericana, yo tengo que haber agotado todos mis procedimientos internos para poder proceder recién a presentar mi denuncia ante una corte internacional”, explicó.
El abogado recordó que Bolivia ya acudió a la OEA para denunciar amenazas al orden democrático. El 20 de mayo, el Gobierno boliviano expuso ante el organismo que las movilizaciones buscaban generar desestabilización institucional, debilitamiento del Gobierno y alteración del orden democrático, según reportes internacionales sobre la sesión.
“Ya se le ha dado el apoyo a la OEA en el marco de la Carta Democrática. Ya le ha dado el apoyo a Bolivia la semana pasada, y el secretario general de la OEA justamente ha emitido una declaración y ha dicho que la OEA no va a permitir ningún tipo de ruptura del orden constitucional”, sostuvo Villanueva.
No obstante, advirtió que esos mecanismos tienen un alcance limitado frente a una crisis interna con bloqueos sostenidos, desabastecimiento y presión política sobre el Ejecutivo.
“Son mecanismos diplomáticos que van a fortalecer al Estado, sí, pero el tema está en que, si los bloqueadores no están cediendo ni ante la muerte de personas, menos van a reaccionar ante un grupo de diplomáticos que se encuentran en Estados Unidos hablando de Bolivia”, afirmó.
A criterio del entrevistado, el país no requiere únicamente gestiones diplomáticas, sino decisiones más firmes dentro del marco constitucional.
“Ahorita no necesitamos acciones diplomáticas. Apoyan, ayudan, sí, pero lo que el Estado necesita es una toma de decisiones más fuerte”, señaló.
Villanueva también abrió una línea de análisis penal internacional al referirse al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Citó el artículo 7, numeral 1, inciso k, referido a “otros actos inhumanos” que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. El Estatuto de Roma exige que los crímenes de lesa humanidad formen parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, por lo que una eventual denuncia requeriría una valoración jurídica rigurosa y pruebas suficientes.
“Entonces, aquí estamos hablando de algo mucho más grave que la Corte Interamericana o la Carta Democrática, porque estamos hablando de crímenes de lesa humanidad”, afirmó.
El abogado sostuvo que los bloqueos, por sus efectos sobre el acceso a alimentos, medicamentos, combustible y otros bienes esenciales, podrían ser examinados bajo estándares más severos del derecho penal internacional. Sin embargo, aclaró que duda de que el país avance hacia ese tipo de mecanismos si, al mismo tiempo, se debilitan acciones internas contra dirigentes investigados.
“Si estamos mandando órdenes de aprehensión contra dirigentes y, por cuestiones políticas, levantándoles esas órdenes de aprehensión, eso genera también un debilitamiento en el sistema democrático”, advirtió.
Villanueva vinculó ese punto con una reflexión atribuida al analista Jaime Dunn sobre los riesgos de negociar la aplicación de la ley.
“Es lo que decía en su momento Jaime Dunn, cuando planteaba que, si lo estás negociando, quiere decir que estás negociando la ley para obtener un beneficio”, señaló.
Según el entrevistado, el mensaje que deja una eventual flexibilización de medidas judiciales bajo presión social es peligroso para la institucionalidad.
“Ahora ya todos los bloqueadores y todos estos grupos saben que, ante cualquier presión, el Gobierno va a levantar incluso órdenes de aprehensión, y eso es muy peligroso para la institucionalidad democrática”, afirmó.
Consultado sobre la salida más factible para el país, Villanueva sostuvo que el Gobierno puede aplicar un estado de excepción, pero remarcó que esa figura no debe entenderse como una autorización automática para el uso indiscriminado de la fuerza.
“Se puede aplicar un estado de excepción, pero el estado de excepción no necesariamente implica sacar militares y que baleen gente”, indicó.
Explicó que la medida habilita al Presidente a utilizar mecanismos derivados del monopolio legítimo de la fuerza estatal, siempre bajo límites constitucionales, proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales.
“El estado de excepción también implica mecanismos que habilitan al presidente para que utilice medios derivados del monopolio del uso de la fuerza que tiene el Estado por Constitución. Puede utilizar mecanismos de fuerza que no necesariamente impliquen armas de guerra; implica darle al Ejército un rol interno”, sostuvo.
En su análisis, la soberanía estatal se expresa a través de dos brazos institucionales de fuerza: la Policía, para el orden interno, y las Fuerzas Armadas, para la defensa externa. Bajo un estado de excepción, dijo, el Ejército podría asumir un rol interno complementario a la Policía.
“El Ejército normalmente se ocuparía de proteger la soberanía desde una visión externa para que ningún agente externo vulnere los derechos soberanos del Estado. Pero, en la condición de un estado de excepción, el Ejército se transforma en un mecanismo paralelo de fuerza, a la par de la Policía”, explicó.
Villanueva insistió en que una eventual declaratoria debe ser ordenada, coordinada y no orientada a la violencia, sino al restablecimiento de la circulación y el control de puntos estratégicos.
“Lo correcto tendría que ser un estado de excepción bien ordenado, bien coordinado, sin la necesidad del uso de la fuerza violenta, pero sí del uso de la fuerza para desbloquear, para controlar carreteras y para controlar mecanismos que, en estas circunstancias, han escapado de las manos de la línea política”, afirmó.
El debate sobre el estado de excepción se reactivó después de que el presidente Rodrigo Paz diera pasos hacia una posible declaratoria, en medio de protestas que provocaron escasez de alimentos, combustibles y medicamentos en La Paz y El Alto. Reuters reportó que el mandatario sostuvo que contaba con “instrumentos constitucionales” y que el tiempo se agotaba, aunque también manifestó su intención de buscar salidas mediante el diálogo.
Para Villanueva, el diálogo sigue siendo una vía válida, pero no puede sostenerse sin autoridad estatal cuando los interlocutores no muestran disposición real a negociar.
“El diálogo es una excelente forma; es el mecanismo de solución de conflictos por excelencia. El problema está en que yo no puedo dialogar con banderas blancas frente a personas que me lanzan dinamita, frente a personas que no quieren dialogar, frente a personas que no tienen más que una intención eminentemente política de descabezar a un Gobierno”, afirmó.
El abogado cuestionó que las medidas de presión estén motivadas por intereses políticos antes que por demandas colectivas.
En ese sentido, planteó que el Gobierno debe investigar quiénes financian, organizan y sostienen las movilizaciones que mantienen paralizadas varias rutas del país.
“Aquí hay un montón de dudas. ¿Quién financia a toda esta gente? ¿Cómo se mueven? ¿Cuáles son las cabezas? Los intereses los sabemos. Nos falta identificar la madre del cordero para saber de dónde viene todo esto”, afirmó.
La crisis política se agravó en las últimas semanas con renuncias dentro del gabinete, entre ellas la del ministro de Defensa, Marcelo Salinas, y la de la ministra de Educación, Beatriz García, en medio de protestas impulsadas por sindicatos y sectores afines al expresidente Evo Morales que exigen la renuncia de Paz.
Para Villanueva, el Ejecutivo aún está a tiempo de recuperar el control institucional, pero debe hacerlo mediante las herramientas que le otorga la Constitución.
“En este momento, el Gobierno necesita tomar fuerza, necesita retomar el control como tal y necesita poner orden, porque estirando el diálogo y pidiéndole a Dios que nos ayude a solucionar esto, no vamos a encontrar la solución”, concluyó.
