El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, afirmó que el Gobierno investiga el origen de los recursos que financian las movilizaciones y bloqueos en el país. Señaló que existen indicios de que parte de esos fondos podrían provenir del narcotráfico y otras actividades ilícitas.
“Tenemos indicios de que buena parte del financiamiento de algunos dirigentes, que ejercen una especie de dictadura sindical, proviene de fondos ilícitos, con indicios de narcotráfico y otras fuentes ilegales”, declaró la autoridad.
El pronunciamiento fue realizado tras el acto en el que el presidente Rodrigo Paz informó el envío a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de un proyecto de ley destinado a regular los estados de excepción y establecer mecanismos para garantizar el abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles en situaciones de crisis.
Paredes sostuvo que la iniciativa legislativa busca resguardar los derechos constitucionales de todos los actores involucrados en los conflictos sociales, incluidos manifestantes, policías y militares. En ese sentido, afirmó: “Este proyecto de ley resguarda los derechos de todos: de los bloqueadores, de la Policía y del Ejército, siempre en el marco de la Constitución”.
Subrayó además que la medida tiene un enfoque humanitario. “Es una acción humanitaria que busca resolver esta situación a la brevedad posible”, señaló.
Una acusación reiterada
En ocasiones anteriores, el Gobierno ya había denunciado un supuesto financiamiento irregular de los sectores movilizados. A mediados de mayo, el vocero presidencial José Luis Gálvez aseguró que detrás de los bloqueos existían recursos provenientes de redes vinculadas al narcotráfico. Asimismo, acusó a algunos dirigentes de recibir “financiamiento oscuro” para sostener las medidas de presión.
Por otra parte, a inicios de mayo, el propio Paredes indicó que el Ejecutivo realizaba investigaciones para identificar las fuentes de financiamiento de las protestas. En ese contexto, afirmó que ya se habían detectado al menos dos estructuras económicas que estarían sosteniendo las movilizaciones.
No obstante, hasta el momento, las autoridades no han presentado públicamente pruebas ni han identificado a dirigentes vinculados con estas acusaciones, aunque insisten en que las investigaciones continúan. (Brújula Digital)