Insistiendo en que el Gobierno nacional mantiene abiertos todos los canales de diálogo con sectores actualmente movilizados, el canciller del Estado, Fernando Aramayo, informó que existe preocupación en la comunidad internacional por la intransigencia de grupos que demandan la renuncia del presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, a través de bloqueos y otras medidas de presión.
En declaraciones a la prensa, la autoridad lamentó que nuevamente la imagen del país se haya visto deteriorada por medidas de presión y posiciones radicales que muestran a Bolivia como un territorio en crisis.
Pese a ello, Aramayo destacó que las posturas intransigentes no corresponden a la totalidad de la población o sus organizaciones, resaltando los acercamientos, diálogo y negociaciones sostenidas con muchos grupos, mismas que permitieron canalizar algunos acuerdos.
“La intransigencia de algunos grupos que mantienen en el imaginario nacional e internacional la perspectiva del bloqueo, intransigencia y violencia, ha generado mucha desconfianza respecto a la seguridad que brinda el país a la inversión extranjera. Al mismo tiempo, muchos países y organismos multilaterales han resaltado el decidido y permanente llamado al dialogo de parte del gobierno”, dijo.
En esa línea, Aramayo destacó que diferentes medios de comunicación tanto nacionales como internacionales, además de plataformas digitales, hayan reconocido los esfuerzos del Ejecutivo para promover el diálogo y la negociación para resolver conflictos, “eso muchos países lo valoran de forma positiva”.
Consultado sobre la posibilidad de recurrir al apoyo o la mediación de organismos internacionales, la autoridad señaló que esto se irá analizando conforme vayan avanzando los acercamientos con los sectores movilizados. Asimismo, destacó que varias instancias de cooperación actualmente se movilicen brindando ayuda humanitaria, pese a que persistan sectores radicales que rechazan cualquier tipo de apertura al diálogo.
“No importa a qué organismo se apele si estos sectores no quieren dialogar. No va importar qué tipo de convocatoria se haga, porque cuando no se quieren acercamientos, esto no se puede lograr. Lo que hay que hacer es apelar a la madurez política de estos sectores”, añadió.
Ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la escalada de conflictividad social en Bolivia, en el contexto de las protestas que se desarrollan desde inicios de mayo de 2026, situación que ha provocado serias afectaciones a los derechos humanos debido a protestas y bloqueos de carreteras en varios puntos del país.
“Se hace un llamado al Estado y a todos los sectores sociales involucrados, a priorizar el diálogo como vía para atender las demandas sociales y garantizar el ejercicio legítimo del derecho a la movilización en una sociedad democrática”, señala un pronunciamiento de la CIDH en su web oficial.
Esta instancia manifestó su preocupación por la profunda crisis económica, polarización política, percepciones de debilitamiento de confianza entre sectores indígenas y el Gobierno; así como de racismo estructural y sistémico.
“La Comisión vuelve a exhortar al Estado a implementar las recomendaciones contenidas en los informes ‘Cohesión social: el desafío para la consolidación de la democracia en Bolivia’ y el informe final del GIEI Bolivia, en particular aquellas orientadas a fortalecer el diálogo democrático, intercultural y participativo, incluyendo representaciones de los sectores sociales movilizados, como vía para canalizar las demandas sociales y reducir la conflictividad”, sostiene.
Finalmente, la CIDH reafirmó su disposición de acompañar al Estado boliviano y a los distintos actores sociales mediante sus mecanismos de monitoreo y cooperación técnica, con el objetivo de avanzar con la cohesión social y contribuir a la desescalada de tensiones, a la protección de los derechos humanos y a la reducción de la conflictividad social.
Por otro lado, desde el Parlamento del Mercosur, a iniciativa de la representación boliviana, se aprobó una declaración en la que se expresa la profunda preocupación de esta instancia regional, ante la crisis social, política e institucional por la que atraviesa el Estado Plurinacional de Bolivia. Además, se condenó todo hecho de violencia derivada de posturas radicales que evaden el diálogo.
Asimismo, la declaración insta al Gobierno boliviano y a la ciudadanía a respetar y hacer respetar los compromisos asumidos en los tratados internacionales vigentes, particularmente el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur, con el propósito de preservar la institucionalidad democrática y el Estado de derecho.
AYUDA HUMANITARIA
Sobre la polémica y la desinformación generada alrededor del uso que se le estaría dando a la ayuda humanitaria enviada por diferentes países ante el conflicto en territorio nacional, la autoridad aclaró que medicamentos y alimentos son distribuidos con prioridad en centros de salud y a población vulnerable afectada por los bloqueos.
Puntualizó que la ayuda en cuestión llegó al territorio nacional gestionada por embajadas de diferentes países y se canalizan a través de diferentes mecanismos.
INJERENCIA EXTERNA
Aramayo aseveró que la presencia de actores extranjeros en reuniones de los sectores actualmente movilizados, se constituye en una prueba de que, en el país, se lleva adelante un proceso de desestabilización.
En ese sentido, detalló que ya se activaron los mecanismos correspondientes para solicitar la salida inmediata de estas personas, al considerar que ejercieron acciones de injerencia en asuntos internos del país.
Falta de diálogo preocupa a la comunidad internacional
> Lamentan que nuevamente la imagen del país se vea deteriorada por medidas de presión y posiciones radicales que muestran a Bolivia como un territorio en crisis. Al mismo tiempo, se destaca el acompañamiento y apoyo de organismos y países amigos. > La CIDH expresó su preocupación por la escalada de conflictividad social en Bolivia, situación que ha provocado serias afectaciones a los derechos humanos. > Desde el Parlamento del Mercosur, se aprobó una declaración en la que se expresa la profunda preocupación de esta instancia ante la crisis social, política e institucional por la que atraviesa el Estado Plurinacional de Bolivia.
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