La presencia de actores políticos de Argentina en actividades vinculadas a sectores movilizados en La Paz y El Alto generó un fuerte rechazo por constituir una inadmisible injerencia extranjera en asuntos internos del país, en medio de una crisis marcada por bloqueos, perjuicios económicos y tensión social.
Uno de los casos más recientes es del dirigente argentino Sebastián Copello, del Partido Obrero–Frente de Izquierda, quien participó en el ampliado de la Central Obrera Boliviana (COB), realizado el domingo en La Paz, donde expresó abiertamente su respaldo a los bloqueos y movilizaciones que afectan a distintas regiones del territorio nacional.
Durante su intervención, Copello comparó al presidente argentino Javier Milei con el mandatario boliviano Rodrigo Paz y afirmó: “Milei es igualito a Paz”. Además, cuestionó las políticas económicas de ambos gobiernos y llamó a replicar en Argentina las medidas de presión que se desarrollan en Bolivia.
“La consigna que recorre Argentina es hagamos como en Bolivia: bloqueos, piquetes, huelgas generales para derrotar a los gobiernos hambreadores, títeres de Trump y del imperialismo”, manifestó el dirigente argentino ante los asistentes al encuentro sindical.
Estas declaraciones evidencian que la injerencia proviene de actores políticos de Argentina que ingresan al país para tomar posición sobre conflictos internos, respaldar medidas de presión y utilizar la crisis boliviana como plataforma de agitación ideológica.
La participación de Copello se suma al caso de la activista argentina, Mercedes Trimarchi, quien también estuvo presente en actividades vinculadas a sectores movilizados en El Alto y en un ampliado de la COB. Su presencia ya había generado observaciones de la Cancillería boliviana, que recordó el principio de no intervención en asuntos internos.
Bolivia es un Estado soberano y ningún dirigente político extranjero, sea de Argentina o de cualquier otro país, tiene derecho a intervenir en conflictos internos, promover bloqueos o alentar medidas que profundizan la crisis económica, afectan el libre tránsito y golpean directamente a las familias bolivianas.
Por ello, corresponde que el Gobierno actúe de manera inmediata. Cancillería, Migración y las instancias competentes deben identificar a estos actores políticos argentinos, verificar su situación migratoria, establecer si vulneraron las condiciones de su permanencia en el país y aplicar las medidas legales correspondientes.
La defensa de la libertad de expresión no puede confundirse con tolerancia frente a la intromisión política extranjera. Una cosa es informar sobre la realidad boliviana; otra, muy distinta, es participar en actos sindicales, respaldar bloqueos y lanzar consignas políticas contra autoridades nacionales.
El país atraviesa una situación delicada. Los bloqueos han generado desabastecimiento, pérdidas económicas, perjuicio al transporte, afectación a productores y daño directo a la población que necesita trabajar y circular libremente. En ese contexto, la presencia de políticos argentinos alentando la conflictividad resulta inaceptable.
El Ejecutivo debe dejar de actuar con pasividad y tomar cartas en el asunto. Si se comprueba que estos ciudadanos argentinos vulneraron la normativa migratoria o participaron en acciones de intromisión política, corresponde disponer su salida inmediata del país conforme a procedimiento legal.
Bolivia no puede convertirse en escenario de operación política de dirigentes extranjeros. La soberanía nacional se respeta, la democracia se defiende y los asuntos internos del país deben ser resueltos únicamente por los bolivianos y sus instituciones.