Tras 29 días de bloqueo, anulan orden de captura contra Argollo

El Tribunal Segundo de Sentencia Penal Anticorrupción de La Paz determinó ayer anular la orden de aprehensión contra el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo y el dirigente de la Federación Departamental de Campesinos “Túpac Katari”, Vicente Salazar, a pedido de los sectores sociales en medio de las persistentes protestas y bloqueos para poder acceder al diálogo.
Además de anular la decisión principal, la autoridad jurisdiccional instó al Ministerio Público “reencauzar sus actuaciones investigativas con estricto apego al bloque de constitucionalidad investigativa”.
Tanto Argollo como Salazar fueron denunciados como los principales impulsores de las movilizaciones y bloqueos, desde hace 29 días, ya que afectan en el ingreso de alimentos, cuantiosos perjuicios económicos a diferentes sectores e incluso pérdidas humanas en carreteras.
El Gobierno hizo reiterados pedidos de diálogo, pero los sectores sociales movilizados se negaron a dialogar ante la exigencia de que se deje sin efecto las órdenes de aprehensión contra sus dirigentes.
Por otro lado, la Central Obrera Boliviana y la Federación Departamental de Campesinos de La Paz cerraron el camino al diálogo y dejaron en manos de sus bases la decisión final sobre asistir o no a una mesa de negociación. Sin embargo, hoy tendrán un ampliado nacional con la presencia de los movilizados en El Alto.
Argollo, a través de un video, aprovechó para lanzar cuestionamientos al presidente Rodrigo Paz, a quien señaló de haber perdido el respaldo de parte de quienes votaron por él en las pasadas elecciones.
Entretanto, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, exigió al Gobierno soluciones inmediatas para levantar los bloqueos y acciones penales para los culpables. Reiteró su pedido al Ejecutivo de dictar estado de excepción de forma sectorizada, específicamente en los lugares que tienen instalados bloqueos desde hace 29 días para no perjudicar al resto del país.
“La ley se debe cumplir y ejecutar. Quienes son los causantes de este problema tienen que ir presos, la Policía tiene una división que se llama inteligencia, ya los debería tener ubicados y deberían ser apresados (…) Con quienes han destruido el país no se debe negociar, esa es nuestra posición, el Gobierno tendrá que ver cuál es la suya”, afirmó.