Bolivia enfrenta un nuevo escenario en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado transnacional tras la decisión del Gobierno de Estados Unidos (EEUU) de declarar como organizaciones terroristas al Primer Comando de la Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV), considerados los principales grupos criminales de Brasil y con presencia en territorio boliviano.
El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, señaló que esta determinación internacional modifica el enfoque con el que estas estructuras son abordadas por los sistemas de seguridad y cooperación internacional, al dejar de ser consideradas únicamente organizaciones vinculadas al narcotráfico para ser tratadas como amenazas de alcance regional.
La autoridad explicó que ambos grupos poseen capacidad financiera, logística, territorial y armada, además de redes de operación que incluyen tráfico de drogas, lavado de dinero, corrupción institucional y generación de violencia en distintos países de la región, entre ellos Bolivia.
Según la evaluación realizada por el Gobierno boliviano, la designación impulsada por Estados Unidos incrementará la presión internacional sobre todas las estructuras relacionadas con estas organizaciones, incluyendo operadores logísticos, financistas, redes de protección y personas vinculadas al movimiento de sustancias controladas y precursores químicos.
Justiniano, sostuvo que las investigaciones ya no estarán limitadas únicamente a cargamentos de droga o actividades de narcotráfico, sino que se ampliarán hacia toda la cadena criminal que sostiene las operaciones del PCC y el Comando Vermelho. En ese contexto, señaló que agencias estadounidenses, incluida la Administración para el Control de Drogas (DEA), fortalecerán las tareas de seguimiento e inteligencia sobre actores que hubieran facilitado impunidad o respaldo a estas organizaciones.
La autoridad también indicó que el nuevo escenario obliga a Bolivia a reforzar su estrategia de seguridad y cooperación internacional, principalmente en áreas relacionadas con inteligencia, control territorial, investigación financiera y persecución de redes de apoyo a la estructura criminal.
“Cuando el crimen organizado cruza fronteras, la respuesta del Estado también debe tener alcance regional”, enfatizó.
En criterio del viceministro, el alcance de estas organizaciones demuestra que el crimen organizado transnacional ya no puede ser tratado únicamente como un problema policial o de incautaciones, sino como una estructura compleja que articula rutas, financiamiento, protección y logística criminal en varios países.
Asimismo, remarcó que Bolivia debe consolidar una política orientada a afectar las fuentes de financiamiento ilícito y la estructura operativa de estas organizaciones, mediante mayores capacidades de investigación y coordinación internacional.
“Esta es la línea que Bolivia debe consolidar: más capacidad real para golpear dinero, logística, rutas, protección y articulación criminal”, manifestó la autoridad.
La decisión de Estados Unidos también podría generar un aumento de la cooperación antidroga y de seguridad con Bolivia, aspecto que, según Justiniano, representa una oportunidad para fortalecer las acciones que el país desarrolla contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales que operan en la región.