La ciudad de La Paz atraviesa una situación crítica por los bloqueos y el paro indefinido del transporte automotor, que paralizaron el abastecimiento de alimentos, combustibles y productos de primera necesidad. La población, enfrenta mercados vacíos, precios elevados, falta de transporte y largas filas en busca de gasolina.
En supermercados y centros de venta, la escasez es cada vez más visible. Los supermercados permanecen vacíos y la oferta de carne se redujo de forma considerable.
En algunos puntos solo se encuentra carne de cerdo, mientras que la carne de res supera los Bs 100 por kilo. El pollo, alimento básico en la canasta familiar, rebasó los Bs 40 por kilo, un precio que golpea directamente a los hogares de menores ingresos.
La crisis también alcanza a las empresas embotelladoras, que no logran trasladar sus productos hacia los centros de distribución por la falta de gasolina y las restricciones en las rutas.
La cadena de suministro comienza a romperse en varios sectores, no solo por los bloqueos, sino también por la ausencia de una respuesta efectiva de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para garantizar el flujo de combustible y mercadería.
A esta situación se suma el drama de los propietarios de vehículos, quienes permanecen más de tres días en filas frente a las estaciones de servicio con la esperanza de cargar gasolina.
Pese a la gravedad del problema, YPFB no muestra un plan de contingencia capaz de ordenar la distribución de combustibles y evitar el colapso en surtidores.
El paro indefinido del transporte automotor agravó aún más la emergencia urbana. Miles de ciudadanos quedaron sin buses, minibuses ni trufis para trasladarse a sus trabajos, centros educativos, hospitales o mercados.
Ante esa falta de servicio, las estaciones del teleférico se vieron ayer rebasadas por largas filas de usuarios que, en algunos sectores, se extendieron por varios kilómetros.
La Paz vivió ayer otra jornada de desgaste social, económico y humano. Los bloqueos, presentados como medida de presión, terminaron por castigar al ciudadano común.
La protesta pierde legitimidad cuando impide el paso de alimentos, encarece productos básicos, paraliza el transporte y obliga a la gente a caminar durante horas para cumplir sus actividades diarias.
El derecho a la protesta no puede convertirse en derecho a asfixiar una ciudad. Los sectores movilizados deben asumir que bloquear rutas, cortar el abastecimiento y empujar a la población al desespero no es una forma responsable de reclamar.
Al mismo tiempo, el Gobierno y las instituciones encargadas del abastecimiento tienen la obligación inmediata de habilitar corredores seguros, garantizar combustible y evitar que La Paz caiga en un desabastecimiento total.
FOTO: EL DIARIO