La Alcaldía de La Paz está obligada a controlar, a pedido de la población y a través de la Intendencia Municipal, los precios de los productos de primera necesidad en supermercados, mercados y tiendas de barrio, donde la especulación campea en medio del desabastecimiento provocado por los bloqueos.
La ciudadanía exige operativos inmediatos porque los precios suben de forma acelerada y, en muchos casos, sin una explicación transparente. La escasez de alimentos, la falta de combustible y las dificultades para el traslado de productos han creado un escenario crítico que la mayoría de los comerciantes aprovechan para elevar costos por encima de lo razonable.
En los centros de abasto, familias paceñas denunciaron que comprar carne, pollo, verduras, arroz, aceite, azúcar u otros productos básicos se volvió cada vez más difícil. La situación es más grave en los barrios, donde las tiendas pequeñas aplican precios distintos de un punto a otro, sin control visible ni información clara para el consumidor. Un recorrido efectuado ayer por EL DIARIO verificó este extremo.
La Intendencia Municipal no puede permanecer como simple observadora. Su responsabilidad es fiscalizar mercados, verificar pesos, revisar listas de precios, controlar la venta de productos básicos y sancionar cualquier intento de agio o especulación. En una emergencia de abastecimiento, la ausencia de control favorece el abuso, afirmaron a EL DIARIO decenas de amas de casa afectadas.
La especulación golpea con mayor fuerza a las familias de menores ingresos, que no tienen margen para pagar precios inflados ni capacidad para comprar en grandes cantidades. Cada incremento injustificado reduce el acceso a alimentos y profundiza la angustia de una población ya afectada por filas, transporte paralizado y falta de combustible.
Los bloqueos ya provocan suficiente daño al impedir el ingreso normal de alimentos y productos esenciales. Permitir que comerciantes inescrupulosos lucren con la necesidad de la gente agrava todavía más la crisis. La protesta puede explicar parte del desabastecimiento, pero no justifica que se juegue con el hambre de la población.
La Alcaldía debe actuar con controles firmes, presencia permanente en centros de venta y canales claros de denuncia. En momentos de emergencia, proteger al consumidor no es una opción administrativa: es una obligación pública.