El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) emitió un memorando político que obliga a los extranjeros que deseen obtener la residencia permanente (green card) a regresar a sus países de origen para realizar el trámite a través del Departamento de Estado.
La administración de Donald Trump justificó la medida afirmando que busca hacer cumplir el sistema migratorio según lo previsto por la ley, evitando «lagunas legales» y liberando recursos internos de la agencia para acelerar otros procesos acumulados.
La nueva política generó inmediatas críticas de organizaciones de derechos humanos y ayuda al refugiado como HIAS.
Estas agrupaciones advierten que la directriz desprotege a poblaciones vulnerables, como supervivientes de trata de personas o menores abandonados, forzándolos a retornar a los entornos peligrosos de los que huyeron.
Este ajuste se suma a la cadena de restricciones migratorias implementadas por la Casa Blanca, que en el último año ya acortó la duración de visas estudiantiles y de prensa, además de revocar más de 100.000 visados a nivel global. (Agencias)