La prolongación de los bloqueos que restringen el ingreso y salida de La Paz y El Alto elevó el malestar ciudadano y abrió un nuevo frente de exigencia hacia el Gobierno. Vecinos, transportistas, comerciantes y sectores vinculados a la salud demandaron que el Ejecutivo pase de los mensajes públicos a acciones concretas para restablecer la circulación y garantizar el abastecimiento de productos esenciales.
La medida de presión mantiene afectadas las rutas de conexión con el resto del país y limita el traslado de alimentos, combustible, medicamentos, oxígeno medicinal y otros insumos necesarios para la población. La situación también golpea al transporte interdepartamental, al comercio minorista y a familias que dependen del ingreso diario de mercadería para sus actividades económicas.
En medio de este escenario, crecen los pedidos para que el Gobierno utilice los instrumentos legales vigentes, incluidos los mecanismos constitucionales y las disposiciones judiciales que protegen el libre tránsito, la salud, la alimentación y la seguridad de la población. El reclamo ciudadano apunta a que la protesta social no puede traducirse en el aislamiento de dos ciudades ni en la interrupción de servicios básicos.
Sectores urbanos cuestionan que, pese a los anuncios oficiales y llamados al diálogo, los bloqueos continúen generando desabastecimiento, incremento de precios y perjuicios a personas que no forman parte del conflicto.
En hospitales y centros de atención, la preocupación se concentra en el ingreso oportuno de oxígeno medicinal e insumos médicos, considerados indispensables para la atención de pacientes.
La demanda también alcanza a las fuerzas del orden, a las autoridades judiciales y a las instancias encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley.
Para los sectores afectados, el Estado tiene la obligación de preservar el derecho a la protesta, pero también de impedir que una medida de presión bloquee alimentos, salud y movilidad para millones de habitantes.
Mientras el conflicto persiste, La Paz y El Alto enfrentan una situación cada vez más tensa. La ciudadanía exige una respuesta institucional que combine diálogo, control legal y restitución del tránsito, con el objetivo de evitar que el aislamiento derive en una crisis mayor de abastecimiento y atención sanitaria.
CIUDADANOS DESBLOQUEAN
Vecinos de distintas zonas de El Alto ayer salieron a las calles para retirar puntos de bloqueo instalados en la ciudad y exigir la restitución del libre tránsito, ante los perjuicios económicos ocasionados por las medidas de presión.
Las acciones vecinales se registraron en sectores como Villa Adela, Cruce Villa Adela, Ciudad Satélite, Villa Dolores, Faro Murillo y Mercedario, donde pobladores expresaron su rechazo al cierre de vías.
En Villa Adela, los vecinos protagonizaron una marcha de protesta para manifestar su cansancio por los bloqueos. Durante la movilización, reclamaron su derecho a trabajar y pidieron que no se paralicen las actividades cotidianas en la zona.
Una situación similar ocurrió en el Cruce Villa Adela, donde vecinos y transeúntes retiraron a grupos que mantenían cerrado el paso. Los pobladores señalaron que la interrupción de calles afecta directamente a comerciantes, transportistas y familias que dependen de sus ingresos diarios.
En Faro Murillo y Villa Dolores, los vecinos también se organizaron para habilitar las vías, principalmente en inmediaciones de la estación de la Línea Morada de Mi Teleférico. En el lugar, cuestionaron que personas ajenas al sector impidan la circulación y generen tensión entre los habitantes.
La protesta se extendió además a Mercedario–Cosmos, donde los ciudadanos expresaron preocupación por posibles hechos de inseguridad y rechazaron la presencia de bloqueadores en su barrio.
Los vecinos pidieron que se respete el derecho al trabajo y al libre tránsito, en medio de una jornada marcada por el malestar ciudadano frente a los bloqueos que afectan a diferentes puntos de El Alto.
DISCURSO PRESIDENCIAL
El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, anunció ayer una reestructuración de su gabinete y la creación de un consejo económico y social como parte de la respuesta gubernamental a las protestas y bloqueos que afectan al país desde hace 20 días.
El Primer Mandatario aseguró que Bolivia atraviesa un momento de tensión política y social que exige cambios en la forma de gestión del Estado.
Durante una conferencia de prensa, Paz admitió que el Ejecutivo necesita un equipo ministerial con mayor capacidad de respuesta frente a las demandas sociales y regionales. Señaló que el presidente no puede atender personalmente todos los conflictos y que esa tarea debe ser asumida con mayor eficacia por sus ministros.
En ese marco, anticipó un reordenamiento del gabinete con el objetivo de contar con autoridades más cercanas a la población, con mayor presencia territorial y capacidad de escuchar a los sectores movilizados.
Uno de los principales anuncios fue la conformación de un Consejo Económico y Social, instancia que, según explicó, reunirá a organizaciones sociales, sectores productivos, gremiales, transportistas y representantes regionales. La finalidad será discutir políticas públicas y proyectos de ley de manera directa con el Gobierno.
Paz aclaró, sin embargo, que no serán convocados sectores vinculados a actividades ilícitas. Con esa precisión, el mandatario buscó diferenciar entre las organizaciones con demandas sociales y los grupos que, según el Gobierno, actúan al margen de la ley.
El jefe de Estado también rechazó las versiones sobre una posible privatización de empresas estratégicas. Aseguró que su administración no impulsará privatizaciones ni medidas que deriven en incrementos tarifarios, y atribuyó parte del conflicto a la circulación de información falsa en medio de la crisis.
Frente a las denuncias por desabastecimiento, dificultades en el traslado de alimentos, medicamentos y oxígeno medicinal, Paz pidió habilitar un corredor humanitario. Para ello, apeló a la participación de instituciones como la Iglesia Católica, la Cruz Roja, organizaciones médicas y entidades de derechos humanos.
Aunque ratificó que el diálogo será una herramienta central de su gestión, el mandatario marcó límites frente a los grupos que exigen su renuncia o protagonizan hechos de violencia. En ese punto, afirmó que no dialogará con quienes recurran al vandalismo o busquen interrumpir el orden democrático.
Paz sostuvo que Bolivia se encuentra ante un punto de inflexión que obliga a redefinir la relación entre el Estado, la política, la democracia y la convivencia social. Según el mandatario, la actual crisis no solo demanda respuestas inmediatas, sino también una nueva forma de gestión pública frente a los conflictos.
MARCHA
La Central Obrera Boliviana convocó a sus organizaciones afiliadas y sectores sociales a una marcha para hoy en la ciudad de El Alto, en medio de la tensión política y social que atraviesa el país por las protestas y bloqueos.
La concentración fue fijada para las 08:00 en inmediaciones de la Multinacional, en la Ceja de El Alto, y sobre la avenida Naciones Unidas. Según la convocatoria difundida por la COB, la movilización comenzará a las 09:00 bajo la consigna de unidad y lucha.
El llamado del ente matriz de los trabajadores se produce después de la conferencia de prensa del Jefe de Estado, en la que el mandatario afirmó que mantendrá el diálogo con los sectores sociales, pero marcó distancia con grupos que, según dijo, promueven hechos de violencia o buscan su salida del poder.
La convocatoria se da en un escenario de alta conflictividad, con protestas, bloqueos y cuestionamientos al Gobierno desde distintos sectores sindicales, campesinos y sociales. En las últimas semanas, las movilizaciones han derivado en dificultades para la circulación vehicular, el abastecimiento y el desarrollo normal de actividades en La Paz y El Alto.
La COB pidió la participación de instituciones afiliadas y no afiliadas, por lo que se prevé una movilización amplia desde uno de los puntos más concurridos de El Alto hacia sectores estratégicos de la ciudad. La protesta se suma a las medidas de presión que distintos grupos mantienen activas contra el gobierno de Paz.