La liberación de 94 de las 122 personas arrestadas durante los violentos disturbios en el centro de La Paz, debido a la falta de denuncias formales, generó cuestionamientos al sistema judicial.
Las autoridades dejan un mensaje preocupante: en la sede de gobierno se puede delinquir, destruir y agredir sin consecuencias.
Mientras defensores de derechos humanos aclararon que muchos de los liberados no participaron directamente en los ataques, la población exige que la Fiscalía identifique a los verdaderos responsables de los destrozos, agresiones y saqueos registrados durante la pasada jornada de violencia.
Los disturbios dejaron 11 policías heridos, daños en instituciones públicas, estaciones de Mi Teleférico y comercios afectados.
El caso más grave es el del sargento Jimbert Riveros, quien permanece en estado crítico, con la posibilidad de perder la visión en un ojo, tras ser brutalmente golpeado en la Estación Celeste.
La ciudadanía demanda sanciones ejemplares contra los responsables de la agresión.